Triste final para deportado

Un muchacho de 20 años de edad que fue deportado por las autoridades migratorias de Estados Unidos de manera "ilegal", murió en el incendió de la cárcel de Comayagua, en Honduras
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Triste final para deportado
Nelson Ávila (der.) murió en el incendio.
Foto: Suministrada

Un muchacho de 20 años de edad que fue deportado por las autoridades migratorias de Estados Unidos de manera “ilegal”, murió en el incendió de la cárcel de Comayagua, en Honduras.

Y para colmo, el Servicio de Aduana e Inmigración (USCIS) le negó ayer el permiso a su madre para viajar a su país a reclamar los restos.

Nelson Ávila López fue deportado el pasado 19 de octubre a Honduras, a pesar de que un juez de migración había firmado una orden que paraba el proceso de deportación en su contra.

El joven fue arrestado en Honduras el mismo día que fue deportado bajo cargos de delitos supuestamente cometidos cuando él tenía 9 años de edad, informó el abogado de Ávila, Joseph Huprich.

El abogado del joven explicó que su cliente fue detenido en la frontera de Estados Unidos cuando intentaba ingresar para reunirse con su madre, Ana López, a la edad de 16 años.Por ser menor de edad, las autoridades de migración se lo entregaron a su progenitora, quien es residente del Condado de Los Ángeles y está acogida al Estado de Protección Temporal (TPS).

“Él tenía miedo de regresar a Honduras porque era perseguido por las pandillas. Nosotros estábamos en el proceso de reabrir su caso y aplicar para asilo. Queríamos comprobar que su vida corría peligro y no nos equivocamos. Es muy irónico lo que sucedió y demuestra que el sistema de migración no sirve”, dijo Huprich.

El abogado subrayó que Ávila López fue deportado a pesar de que el oficial a cargo del joven fue notificado en persona por el abogado.

“El oficial a cargo me aseguró que lo iba a quitar de la lista de personas que estaban por ser deportadas esa misma semana, pero por algún motivo que aún no nos explican, él fue deportado sin que me avisaran a mí, quien lo representaba legalmente”, agregó Huprich.

La madre del joven fue ayer por la mañana al Consulado de Honduras para tramitar su pasaporte para poder viajar lo antes posible a su país de origen. El consulado le emitió inmediatamente el documento para que pudiera llegar a tiempo a inmigración para solicitar el permiso para viajar.

“Me enteré como a las 5 de la mañana (del miércoles) que la cárcel se había quemado, en ese momento no sabíamos más”, dijo la madre, quien tuvo que parar para contener las lágrimas, sin intentar esconder los ojos rojos e inflamados de tanto llorar.

“Por la tarde me dijeron que el módulo donde estaba detenido mi hijo se había quemado por completo”, agregó con la angustia que le comía la voz.

La Cónsul General de Honduras en Los Ángeles, Olimpia Astrid Bustillo, dijo a La Opinión que aunque tiene el listado oficial de los fallecidos que han sido identificados, Ávila López no aparece seguramente porque su restos han sido calcinados o han quedado irreconocibles.

“Tenemos conocimiento de este caso y sabemos que el módulo donde él estaba se quemó por completo”, dijo Bustillo, revisando una y otra vez su listado. “Tengo entendido que para identificar algunos restos tendrán que acudir a algún otro método forense como identificación de dentadura o algo así”.

Pero los esfuerzos de Ana para viajar ayer a Honduras, del Consulado de agilizar la emisión del pasaporte y de Casa del Hondureno de conseguirle un pasaje aéreo, no sirvió de nada. USCIS negó el permiso. La oficina del Huprich informó anoche que USCIS le negó el permiso a la madre por no tener pruebas de la muerte de su hijo.

Las personas con TPS necesitan tener una emergencia o alguna razón de peso para recibir el permiso de las autoridades migratorias estadounidenses.

Lo peor de todo, dijo Ana es que su hijo ni siquiera había sido sentenciado. Huprich dijo que su cliente se vio obligado a declararse culpable de un delito que supuestamente fue cometido por un miembro de una pandilla por temor a que la mara mataran a miembros de su familia en Honduras.

Huprich estaba tramitando un proceso legal para obligar a las autoridades de migración de Estados Unidos a que lo regresaran a tierra estadounidense.

Según un informe que el gobierno hondureño le envió este mes a las Naciones Unidas, más de la mitad de los 856 internos en la cárcel de Comayagua, al norte de la capital, estaban a la espera de un juicio o estaban detenidos como supuestos integrantes de pandillas.

La agencia de noticias Associated Press informó que los presos que murieron calcinados –entre ellos estaría Ávila López- estaban totalmente encerrados en la prisión hacinada, la mayoría de ellos no estaban acusados y mucho menos sentenciados.