Ecuador: Gobierno contra medios
El Ecuador se despertó el 17 de febrero de 2012 sumido en la inseguridad jurídica. El presidente Rafael Correa dio la estocada final a la libertad de expresión a través de tres jueces de la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia que fueron los encargados de conocer en la etapa de casación, el juicio que el mandatario instauró contra diario El Universo, sus representantes y el editorialista Emilio Palacio.
En febrero de 2011 se publicó en El Universo, un artículo de opinión de Palacio, titulado “No más mentiras”. En la parte medular, Palacio hace referencia a la orden que aparentemente dio Correa autorizando a un comando militar para que ingrese disparando a un hospital de la policía en el que se encontraba, según él, retenido por un grupo de agentes del orden. Como resultado de esta acción militar, fallecieron varias personas.
Basado en este artículo, Correa ordenó a sus abogados iniciar una causa penal por el delito de injurias contra diario El Universo, los hermanos Pérez Barriga, representantes del diario, y el editorialista. En primera instancia, uno de los jueces que substanció la causa y al que le correspondió dictar sentencia, condenó al diario al pago de una indemnización de 40 millones de dólares y a sus representantes a tres años de prisión; y a Palacio al pago de 10 millones de dólares y a tres años de prisión. La sentencia fue ratificada en segunda instancia, y por el tribunal penal antes mencionado.
De un informe de inteligencia militar de las Fuerzas Armadas ecuatorianas consta que la orden de ingresar al hospital a rescatarlo fue dada personalmente por Correa. Este informe forma parte de las pruebas que los demandados presentaron durante el proceso, pero que fueron desechadas misteriosamente por el magistrado que lo tramitó.
El proceso judicial en contra del diario violenta normas constitucionales, penales y procesales. El primer gran horror legal es el que haya sido admitida al trámite una causa penal dirigida contra una persona jurídica, que como tal no puede ser, per se, agente de un delito, y por tanto sujeto de una acción penal. El segundo gran horror es que se haya admitido al trámite una causa penal contra el diario y sus representantes cuando la supuesta injuria fue proferida dentro de un artículo de opinión, cuya responsabilidad es única y exclusivamente de su autor. Es decir, que si la injuria existió, el único responsable es Palacio. Mas allá de todo esto, hubo irregularidades y acusaciones que señalan que la sentencia fue elaborada afuera del despacho judicial, y que la redactó el propio abogado de Correa. Estas acusaciones no han sido comprobadas todavía.
El daño ya está hecho. Al demandar ilegalmente al diario, la intención fue clara, acallar a los medios de comunicación. Ahora Correa declara que consideraría “perdonar” al diario. Pero esto no es un acto de buena voluntad, el sabe que esta causa va a pasar a tribunales internacionales y que no hay forma que una corte internacional ratifique esa espuria resolución. Mientras tanto, la democracia en el Ecuador se ha vuelto otra mentira más del Presidente Correa.
