Procuraduría pide explicación a Funes
Quieren que aclare las 'cosas extrañas' detrás del supuesto acuerdo con pandillas
SAN SALVADOR (EFE).- La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) de El Salvador pidió al presidente del país, Mauricio Funes, explicar las “cosas extrañas” que están detrás del supuesto acuerdo entre el Gobierno y las pandillas, o de una tregua entre estas, para bajar los homicidios.
“Creo que ha sido un error por omisión de parte del señor presidente no dar sus declaraciones oportunas a una situación que trasciende (…) y ante un problema que afecta y que pone en este momento en incertidumbre a la población acerca de qué es lo qué está pasando”, dijo a Efe el titular de la PDDH, Óscar Luna.
“La posición del presidente debería de ser de una reacción inmediata hacia la población; creo que un mensaje oficial, en cadena, como quiera darlo, en conferencia de prensa, (serviría) para que no se preste a tergiversar la realidad”, agregó.
Luna resaltó que en este momento “todo mundo” maneja “una serie de cosas extrañas” en torno a este “diálogo o acuerdo” e insistió en que “para evitar comentarios desviados (…) la voz del presidente es la que necesita el país en este momento”.
En El Salvador se desató una polémica por una supuesta negociación entre el Gobierno y las pandillas, para que estas dejarán de cometer asesinatos.
El ministro salvadoreño de Seguridad y Justicia, David Munguía Payés, ha negado dicha negociación e incluso cayó en contradicciones al intentar explicar el traslado de un grupo de cabecillas de pandillas de un presidio de máxima seguridad a otros con menos restricciones, lo que habría sido parte del supuesto trato.
La confusión aumentó cuando el obispo castrense, Fabio Colindres, aseguró que los homicidios han bajado porque él medió para que hubiera una “tregua” entre pandillas.
Desde el traslado de los reos, el pasado día 9, el promedio de unos 13 homicidios diarios ha bajado a entre 4 y 5, reiteró ayer en conferencia de prensa Munguía.
Luna señaló que “esta situación, lamentablemente, ha demostrado que las acciones, programas y políticas para el combate de la delincuencia llevadas a cabo hasta el momento han fracasado”.
Al mismo tiempo consideró que “muy probablemente dicho logro no será sostenible al estar sujeto al arbitrio de un solo sector, sin ninguna incidencia del Estado”.