Arpaio y gobierno deben ir a la corte

Arpaio y gobierno se van a la corte
Arpaio y gobierno deben ir a la corte
El sheriff del condado Maricopa Joe Arpaio, al centro, escoltado por sus dos abogados, Joseph Popolizio y John Masterson.
Foto: AP

WASHINGTON, D.C.- Las negociaciones entre el Departamento de Justicia y el controversial sheriff Joe Arpaio, se desmoronaron esta semana. Luego de haber sido acusado de serias violaciones a los derechos civiles, el oficial se negó a cumplir con una condición básica. Ahora el siguiente paso es un enfrentamiento en las cortes.

Una larga investigación gubernamental, difundida el año pasado, reveló que la oficina del alguacil, en el condado de Maricopa, Arizona, empleaba prácticas de perfil racial contra hispanos y enfrentaba denuncias de racismo.

En enero pasado, la Administración comenzó las negociaciones con el sheriff, que perseguían la instauración de políticas antidiscriminatorias.

Hasta esta semana, Arpaio parecía abierto a cooperar. Sin embargo, el martes 3 de abril, la Oficina de Derechos Civiles del Departamento de Justicia (DOJ) lo acusó abiertamente, de retirarse del acuerdo.

En una misiva enviada al abogado del alguacil, Joseph Popolizio, el gobierno indicó que se “había reconocido que el nombramiento de un monitor independiente era clave y una parte no negociable del trato”, un elemento que Arpaio rechazó esta semana.

“Fue decepcionante, para decir lo menos, que nos contactara 24 horas antes de la fecha en que nuestras negociaciones debían continuar y mencionar, por primera vez una precondición, que según su entendimiento resultaría en la cancelación de las negociaciones”, especificó la misiva.

En respuesta, Arpaio declaró que “no cedería su oficina al gobierno federal” y enfatizó que tan sólo horas antes de la primera reunión con DOJ, fue informado sobre el “ultimátum” de contar con un monitor independiente.

“Esto usurpa los poderes y responsabilidades de un sheriff elegido y se las transfiere a un grupo de personas seleccionadas por la Administración”, dijo.

Fuentes cercanas al gobierno explicaron a La Opinión, que la única labor del monitor, es supervisar el cumplimiento del acuerdo. Tratos anteriores, como el consenso entre la ciudad de Los Ángeles y el gobierno en 2002, ya han establecido una figura similar.

En el caso de los angelinos, se especificó que esta persona “no debe ni puede reemplazar o apoderarse del rol y las tareas del alcalde, miembros del Consejo, Comisión, Jefe de Policía o inspector general”.

Personas como el ex procurador general de Arizona, Terry Goddard, no se sorprendieron frente a la reacción de Arpaio. “Es muy típico de él. Lo que no me esperaba fue cuando dijo que colaboraría y entraría en la negociación, para reformar su departamento”, explicó a La Opinión.

“Esta investigación comenzó en la Administración Bush. Ya ha pasado demasiado tiempo. Creo que el gobierno cayó en su juego. Le dieron tiempo para levantar la investigación respecto al certificado de nacimiento del Presidente Obama y ahora le puede decir a los votantes que esto no significa nada más que una venganza, porque criticó al mandatario”, agregó.

En la carta enviada el martes 3 de abril por DOJ, se especificó que el término de las negociaciones implicará el inicio de una demanda civil y se aseguró que las circunstancias requerirán que comiencen su preparación para este escenario. Asimismo se cuestionó el real interés del sheriff en resolver este tema.

“Creemos que nos está haciendo perder tiempo y no ha negociado de buena fe. Sus tácticas han implicado que DOJ malgaste tiempo y recursos”, detallaron.

El documento incluso fue más allá y especificó que las violaciones a la Constitución y la ley federal, identificadas el 15 de diciembre de 2011, no han sido solucionadas y “continúan impactando negativamente las vidas de los residentes de Maricopa”.

“Por ejemplo, hemos descubierto información adicional que apoya serias preocupaciones, respecto al fracaso de la oficina del sheriff en investigar crímenes sexuales”. Por su parte, Arpaio, no ha realizado comentarios.