Comunidades Seguras recibe evaluación sobre desempeño

Dos nuevos reportes emitidos recientemente, por la Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional, identificaron problemas en la implementación y ejecución del polémico programa Comunidades Seguras.
Comunidades Seguras recibe evaluación sobre desempeño
El controversial programa ha generado gran descontento con las comunidades inmigrantes a través de país.
Foto: Archivo / La Opinión

WASHINGTON, D.C.- Dos nuevos reportes emitidos recientemente, por la Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional, identificaron problemas en la implementación y ejecución del polémico programa Comunidades Seguras.

Este consiste en ingresar las huellas dactilares de personas detenidas en jurisdicciones suscritas a él, para luego contrastarlas con las bases de datos del Buró Federal de Investigaciones (FBI) y del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Si se determina que el individuo no posee estatus migratorio legal, el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) ejecuta medidas de control, entre ellas iniciar procesos de deportación. Actualmente el programa está activado en 2,590 jurisdicciones, es decir en 81% del país.

El primer informe de la Oficina del Inspector General de DHS, publicado el 5 de abril de 2012, explicó que desde 2008, ICE ha gastado cerca de 750 millones de dólares en Comunidades Seguras y ha identificado a 692 mil criminales extranjeros. Es decir 1,083 dólares por persona localizada.

El documento aseguró que este sistema ha sido efectivo en identificar extranjeros criminales en la mayoría de los casos.

“La agencia expandió su capacidad de reconocer delincuentes extranjeros, en áreas que no estaban cubiertas por sus otros programas. Además, fue capaz de ubicar a estas personas temprano en el proceso, algunas de las cuales no habrían sido localizadas por otros métodos”.

Sin embargo, el reporte destacó también que “las oficinas locales duplicaron la investigación asociada a su detención y los oficiales no siempre documentaron de manera suficiente, sus acciones de control de seguridad”.

El segundo reporte, con fecha 27 de marzo de 2012, se enfocó en la implementación de Comunidades Seguras. ICE ha enfrentado fuertes críticas debido a la ambigüedad con la que expandió el programa en 2009 y sobre todo, la poca claridad respecto a su carácter obligatorio.

“No encontramos evidencia de que la agencia engañó al público intencionalmente o a los estados y jurisdicciones locales, al implementar Comunidades Seguras. No obstante, no comunicaron claramente a los grupos de interés, las intenciones del programa y lo que esperaban de su participación en él”, detalló el informe.

“Estoy muy decepcionada con los reportes del inspector general”, declaró la congresista Zoe Lofgren (D-CA), la demócrata de más alto rango en el subcomité de inmigración, quien pidió inicialmente que se realizaran las investigaciones, el año pasado.

“Después de esperar mucho tiempo, sorprende que haya fallado en proveer respuestas claves a preguntas esenciales”. “El reporte aseguró que el programa ha sido efectivo deportando inmigrantes con acusaciones criminales, pero esa no era la pregunta. ¿Comunidades Seguras atrapa víctimas sin historial criminal?, ¿es susceptible al perfil racial? Minimiza los esfuerzos de vigilancia de la comunidad, dejándonos más desprotegidos”, recordó la legisladora, refiriéndose a las interrogantes que se han planteado en audiencias realizadas en el Capitolio.

Por su parte, DHS defendió el reporte, en declaraciones a La Opinión y utilizó sus conclusiones para reafirmar su visión, respecto al funcionamiento del programa, que pretende implementar a nivel nacional en 2013.

“Nos complace que los informes confirmen que Comunidades Seguras ha demostrado su efectividad en transformar el control de inmigración, para enfocarse en criminales, así como en su identificación temprana en el proceso judicial, sin un costo adicional para las jurisdicciones locales”, especificó Nicole Navas, vocera de ICE.

Organizaciones de derechos civiles aseguraron que parte de la información contenida en el reporte, sí prueba alegatos con los que han cuestionado a la agencia por meses.

“El documento confirma que cuando quedó claro que más del 50% de las deportaciones se salieron del alcance original de Comunidades Seguras, ICE cambió sus categorías y ahora está poniendo ofensas menores como nueva prioridad”, declaró la activista Sarahí Uribe, de la Red Nacional de Jornaleros (NDLON).