Aumentan operativos en frontera
Enfrentan fuertes medidas por parte de agencias estatales y federales
Daniel Salinas ganó las elecciones por la alcaldía de Sunland Park, pero enfrenta no pudo tomar el cargo por actos de corrupción. Crédito: AP
Sunland Park, Nuevo México.- Este polvoriento enclave de 14,000 habitantes es la única ciudad estadounidense en el lado mexicano del Río Bravo, frente a la valla fronteriza que la divide de la violenta Ciudad Juárez, México.
Sin embargo, la persistente reputación de Sunland Park como una pequeña república bananera es resultado de algo más que su inusual ubicación.
Las acusaciones más recientes contra esta disfuncional comunidad incluyen extorsión y sobornos entre funcionarios municipales, además de la subrepticia grabación en video de una mujer haciendo un baile erótico a uno de los candidatos a la alcaldía.
Actualmente, Sunland Park y otros conflictivos pueblos y ciudades fronterizas de Estados Unidos enfrentan fuertes medidas por parte de agencias estatales y federales que luchan contra la corrupción como parte de un esfuerzo más extenso por combatir a los cárteles narcotraficantes mexicanos.
“Todo mundo se desentendió por mucho tiempo”, dijo Richard Schwein, un ex agente del FBI en la vecina ciudad de El Paso, Texas, donde al menos 28 personas han sido sentenciadas o acusadas recientemente por escándalos electorales o licitaciones fraudulentas. Pero luego el Departamento de Justicia y el FBI lo consideraron una prioridad, y “¡sorpresa!”
Otro ejemplo puede verse a 112 kilómetros (70 millas) al oeste de El Paso, en la pequeña comunidad de Columbus, Nuevo México, donde las autoridades arrestaron el año pasado al alcalde, al jefe de la policía, a un síndico y a otras 11 personas que ya se declararon culpables de los cargos de que ayudaron a traficar armas de fuego para los cárteles mexicanos del narcotráfico.
Esa corrupción que parece endémica en los poblados fronterizos puede ser resultado de una mezcla de políticas típicas de pueblos pequeños, el influjo de prácticas corruptas gubernamentales del otro lado de la frontera, y, por supuesto, el surgimiento de los cárteles de la droga y sus interminables reservas de dinero.
“Si uno gana (como un agente de policía de un pequeño pueblo) $35,000 anuales, y alguien le ofrece $5,000 en efectivo… y al próximo mes hay otros $5,000, uno acaba (de mejorar considerablemente) sus ingresos sólo por no transitar por ciertos caminos”, dijo James Phelps, un profesor adjunto del Departamento de Estudios sobre Seguridad y Justicia Penal de la Universidad Estatal Angelo, en Texas.
El fiscal federal de Distrito en Nuevo México, Kenneth González, dijo que se han detectado más funcionarios locales involucrados en escándalos desde que las autoridades federales se enfocaron de manera más intensa y sofisticada en las poblaciones fronterizas.
En Sunland Park, una indagación sobre las elecciones locales se convirtió en una investigación más amplia realizada por múltiples agencias.
El auditor estatal Héctor Balderas dijo que una mayor cooperación entre agencias ha mostrado que los cuerpos de seguridad empiezan a darse cuenta que “muchos delitos están conectados”.
“Creo que los cuerpos de seguridad y otras agencias ahora notan que estos problemas fiscales son síntomas de una corrupción potencialmente mayor”, dijo Balderas. “Y una villa o municipio puede ser infiltrado por elementos criminales con mucha facilidad”.
La fiscal de Distrito de Doña Ana, Amy Orlando, dijo en la corte que el entonces alcalde electo de Sunland Park, Daniel Salinas, de 28 años, había alardeado ante sus coacusados que él tenía vínculos con los cárteles y podría pedirles que mataran a quienes testificaran en su contra.
El abogado de Salinas rechazó tajantemente las acusaciones.
Las dos decenas de delitos que se le imputan a Salinas hasta la fecha están relacionados con actos de corrupción en los procesos financieros y electorales. Pese a que ganó las elecciones por la alcaldía, se le prohibió asumir el cargo según las condiciones de su libertad bajo fianza.
