Inicia campaña por el derecho a ‘soñar’

Estudiantes anuncian movilizaciones como las del 2010 para impulsar el Dream Act

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Inicia campaña por el derecho a ‘soñar’
Jóvenes de todo el país realizarán una serie de actos para presionar a la Casa Blanca.
Foto: Archivo / La Opinión

WASHINGTON, D.C.- Una campaña en varios estados del país, lanzada hoy, promete aumentar la presión hacia el Gobierno, para entregar una orden ejecutiva que detenga por completo las deportaciones de jóvenes. Una estrategia pública, frente al fracaso de conversaciones a nivel privado, por parte de legisladores y organizaciones pro inmigrantes.

El movimiento, liderado por los jóvenes, se desplegará en ciertos estados clave para la elección. Entre ellos Arizona, Arkansas, California, Florida, Oklahoma, Texas y Wisconsin. La demanda es clara: que el presidente Barack Obama, les otorgue el alivio administrativo, a través de una orden ejecutiva.

La campaña titulada “Derecho a Soñar”, contempla protestas, marchas y actos públicos. “Sabemos que esto es posible. Si el Presidente sinceramente quiere hacer algo para los latinos, esta es la vía. No sabemos qué va a pasar en 2013. Es hora de que ponga sus palabras en acción”, dijo Gaby Pacheco, coordinadora del proyecto END, de la red United We Dream.

Hasta ahora, el mandatario ha sido claro en que debe seguir las leyes de inmigración y ha repetido en innumerables oportunidades, la imposibilidad de este tipo de demandas. Esta semana, la directora del Consejo de Política Doméstica de la Casa Blanca, Cecilia Muñoz, dedicó un discurso completo a inmigración, donde insistió en que la presión no se debe poner en la Casa Blanca, sino en el Congreso.

“Es un error pensar que las herramientas administrativas por sí solas son un remedio suficiente. El Gobierno tiene la esperanza de establecer normas para el cumplimiento migratorio que perduren y provean racionalidad a una función necesaria e importante para hacer cumplir las leyes, y siempre buscaremos maneras de fortalecer esos esfuerzos. Pero, si queremos abordar el problema de la inmigración ilegal en su misma base, el Congreso tiene que aceptar su responsabilidad”, enfatizó.

Las palabras de Muñoz, vienen tras una serie de reuniones entre altos asesores de la Casa Blanca, grupos de jóvenes, activistas, congresistas hispanos y senadores del liderazgo demócrata.

Ahí, de acuerdo a fuentes cercanas al proceso, se han discutido las condiciones políticas y legales que estarían involucradas, si se entrega alivio inmediato a los “dreamers”.

“Apoyo plenamente la campaña de estos jóvenes. Toda presión que venga a nivel de grupos de base es importante en año de elecciones. La campaña está siendo mucho más competitiva. Esperamos que la Administración entienda que esta es una situación inaceptable para los latinos”, dijo la congresista Nydia Velázquez (D-NY) a La Opinión.

“El Caucus Hispano lleva mucho tiempo tratando de poner énfasis en la necesidad de hacer algo administrativo para estos muchachos. Ahora es el tiempo, antes de la elección”, comentó la legisladora Grace Napolitano (D-CA).

Según fuentes involucradas en las discusiones, la postura de altos funcionarios de la Administración, no ha variado a pesar de los diálogos y se ha mantenido en que “no es posible emitir una orden ejecutiva a favor de los jóvenes”.

El director del área de abogacía de la Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA), Gregory Chen, explicó a La Opinión, que legalmente el Gobierno podría entregar alivio administrativo a los estudiantes, a través de una acción diferida o un permiso condicional humanitario.

El primero permite que la persona se quede temporalmente en Estados Unidos y pueda acceder a un permiso de trabajo, durante este lapso. Tras esto debe postularse a una renovación.

El permiso condicional humanitario es otorgado, en general, a personas que necesitan entrar al país por emergencias, como, por ejemplo, condiciones médicas. Este beneficio es temporal y dura el tiempo en que logre resolverse el problema por el cual fue adjudicado.

Aunque ambas medidas son de corto alcance y no darían una solución de raíz al problema, los “dreamers” creen que una vez otorgado el beneficio, será difícil removerlo políticamente, a menos que se concrete una legislación en el Congreso.