Obligado a salir gran defensor de migrantes

Apenas puso un pie en el laberinto de pasillos del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, donde partió hacia Chicago y el sacerdote Alejandro Solalinde, defensor de indocumentados, ya pensaba en su regreso, a pesar de seis amenazas de muerte en dos meses.

Alejandro Solalinde, antes de salir del país.

Alejandro Solalinde, antes de salir del país. Crédito: Gardenia Mendoza / La Opinión

MÉXICO, D.F.- Apenas puso un pie en el laberinto de pasillos del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, donde partió hacia Chicago y el sacerdote Alejandro Solalinde, defensor de indocumentados, ya pensaba en su regreso, a pesar de seis amenazas de muerte en dos meses.

“A Dios primero y todo, a ti señor primero y todo y voy adelante”, reza el fundador del albergue Nuestros Hermanos en el Camino en Ixtepec, Oaxaca, en la frontera sur de México.

Lejos de su proyecto, se encuentra a unos pasos del primer filtro de seguridad en entrevista con La Opinión y toca el nudo de un cordón que pende de su cuello para sujetar una pequeña cruz de madera con las extremidades horizontales ligeramente dobladas hacia el frente.

“Es un Cristo que abraza, que se anticipa y acerca a Dios y este nudito significa la disponibilidad de Él y yo lo uso cuando estoy en peligro y a punto de tomar una decisión importante, como ahora que me voy y cuando regrese el 3 de julio”.

El cura volverá independientemente de las circunstancias de “terror” que lo han obligado a salir del país en un peregrinar entre dos continentes que pretende alejarlo del ambiente de trata de personas, narcotráfico y corrupción gubernamental “en alianza” contra los inmigrantes.

“Quisiera que a mi regreso hubiera menos xenofobia en Ixtepec, que el Gobierno de Oaxaca controlara a los caciques y que el Gobierno federal y el del estado hagan investigaciones de verdad y no haya impunidad”, fantasea, ruega, denuncia otra vez.

– Si al menos castigaran a uno de esos altos funcionarios sería un mensaje muy fuerte hacia la sociedad.

Solalinde reacomoda sus anteojos y observa con cariño al guardaespaldas de la Policía Federal que lo acompañó hasta documentar su boleto y de vez en cuando para jalar dos pequeñas maletas con la que el cura lanzará su combate en el extranjero.

En Chicago participará en el Congreso Latino organizado por la Asociacion Nacional de Arte y Cultura Latino (NALAC) y de ahí viajará a Canadá en una escala técnica rumbo a Europa, donde estará en Italia, España y Suiza, tal vez en Francia.

Sostendrá entrevistas con políticos, organizaciones civiles y en la sede de la Comisión Internacional de Trabajadores Migrantes de la ONU. Siempre vigilado por gente de Brigadas Internacionales de Paz (PIB) y de Amnistía Internacional.

“Si le ocurre algo a mi persona, una línea de investigación debe ir tras el exgobernador de Oaxaca (2004-2010), Ulises Ruíz, pero el responsable inmediato será el Estado mexicano”.

El albergue Hermanos en el Camino se fundó en febrero de 2007, justo a la mitad del mandato de Ruíz, por caridad del religioso que impulsó a la católica Pastoral de la Movilidad al documentar desde un par de años atrás azotes, secuestros, violaciones y extorsiones contra centroamericanos.

Involucradas “todas las autoridades” -afirma- desde policías municipales hasta federales”, presidentes municipales, funcionarios del Instituto Nacional de Migración y funcionarios estatales.

“Aquí es el país del no pasa nada”, describe sobre las múltiples denuncias que personalmente integró como si fuera perito y después presentó ante la presidencia de la República.

Recuerda dos casos concretos: el primero porque un testigo protegido de la organización criminal Los Zetas reveló ante un funcionario de Gobernación el modus operandi -nombres, lugares, participantes- de una banda de traficantes que usaba a migrantes para llevar droga a Texas.

“Al testigo lo mataron después en condiciones muy extrañas y ninguno de la red que delató, ha caído”, sentenció. “Esto es inaudito”.

Sobre otro hecho, asegura que llevó hasta la Procuraduría General de la República (PGR) los testimonios de jóvenes guatemaltecas secuestradas para obligarlas a participar en filmaciones pornográficas.

“Nadie investigó ni hizo nada, había policías federales y qué dijo el secretario de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna: “Nada”, comenta. “Por ahí hay que empezar a investigar”.

El sacerdote apresura su paso rumbo a la sala de espera de su vuelo, está a contrarreloj de su vida. Muestra los papeles en el primer filtro de seguridad, sonríe y dice adiós al guardaespaldas que lo ve alejarse entre la gente.

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