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Ordenan cedular a dominico-haitianos

La Junta Central Electoral ha violado los derechos fundamentales de 28 dominicanos de ascendencia haitiana al rehusarse a expedirle sus respectivas cédulas de identidad

Dominicanos  de ascendencia haitiana en la  sede de la Junta Central Electoral.

Dominicanos de ascendencia haitiana en la sede de la Junta Central Electoral. Crédito: EDLP

Santo Domingo – La Junta Central Electoral (JCE) ha violado los derechos fundamentales de 28 dominicanos de ascendencia haitiana al rehusarse a expedirle sus respectivas cédulas de identidad, según dictaminó el juzgado de primera instancia de la Cámara Civil de San Pedro de Macorís, a 72 kilómetros al este de la capital.

La sentencia, fue dada a conocer por los representantes de los demandantes y establece de forma expresa que la JCE violentó el derecho “a la dignidad humana, igualdad, nacionalidad e identidad”, entre otras prerrogativas que establece la Constitución dominicana.

El juez Luis Alberto Adames Mejía ordenó a la JCE; a la Dirección General de Cedulación y a las Juntas Electorales de varios municipios de la provincia San Pedro de Macorís, a entregar el plástico a cada uno de los demandantes.

De igual forma, ordenó a la JCE pagar a favor de cada uno de los afectados la suma de mil pesos por cada día de retraso a partir de los diez días siguiente a la notificación de la sentencia.

El pasado 11 de mayo 28 dominicanos de ascendencia haitiana depositaron un recurso de amparo colectivo, en el que planteaban que la JCE y las Juntas Electorales de los mencionados municipios se negaban a entregarles cédula de identidad a cada uno de ellos.

Los demandantes intentaron inscribirse en las mencionadas Juntas Electorales desde finales de noviembre del año pasado, pero la JCE le exigía requisitos no establecidos por la ley para la obtención del documento, según plantearon los abogados.

Indicaron que el recurso de amparo busca restituir y reivindicar los derechos de los demandantes, así como hacer visible ante la opinión pública lo que denominaron “la política de desnacionalización que existe en el país, dirigido contra dominicanos y dominicanas de ascendencia haitiana”.

Decenas de dominicanos de ascendencia haitiana protestan por una ordenanza de la que se valen la Juntas Electorales para rehusar expedir documentos del Registro Civil a favor de personas que no demuestren la condición migratoria legal de sus padres.

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