Condados en EEUU pagan un alto costo por S-Comm

Muchos inmigrantes son encarcelados sin haber cometido delito alguno.
Condados en EEUU pagan un alto costo por S-Comm
Juana Reyes fue arrestada por vender tamales y ahora enfrenta una orden de deportación.
Foto: Araceli Martínez

SACRAMENTO.- Juana Reyes aún no se repone del susto que se llevó tras 13 días de detención en la cárcel del condado de esta capital, pero sobre todo por no saber si iba a volver a ver sus dos hijos, César de 10 años y Monserrat de 7.

Entre sollozos por la impresión de haber sido detenida y esposada delante de sus hijos cuando vendía tamales en el estacionamiento de la tienda Walmart de la calle Florín y 65, dice que pensó que la iban a deportar a México. “Mis hijos lloraban y gritaban”, recuerda con el dolor aún reflejado en su rostro.

Del 28 de junio pasado, cuando fue arrestada, hasta el 10 de julio cuando fue liberada tras el pago de una fianza de $1,500, sus hijos fueron entregados a un hogar de crianza.

La Oficina de Protección de Menores (CPS) del Condado de Sacramento no quiso entregarlos a sus familiares ni aún con la intervención del Consulado de México en Sacramento. “Nos trataron bien pero pasamos noches sin dormir y llorando porque no sabíamos si íbamos a volver a mi mamá”, dijo César de 10 años.

La Policía del Sheriff detuvo a Reyes bajo dos cargos: entrar en propiedad privada sin autorización y obstruir la operación de un negocio legal. Hacía más de dos años que vendía tamales en el estacionamiento de Walmart sin problema. Ambos cargos fueron desechados por el fiscal. No obstante no se pudo salvar de que la oficina del Sheriff la reportara al Servicio de Migración y Aduanas (ICE) y éste a su vez le dictara orden de deportación bajo el controversial programa federal Comunidades Seguras.

“Lo más grave de todo es que California esté gastando dinero que no tiene en arrestar y encarcelar por días a personas como Juana Reyes, que no han cometido ningún delito. Los municipios tienen recursos muy limitados y el gobierno federal no los va a compensar. Y se supone que Comunidades Seguras se creó para atrapar a criminales violentos”, criticó Julia Vera, abogada de Reyes.

Algo en lo que coincidió el asambleísta demócrata de San Francisco, Tom Ammiano al enterarse de la noticia: “El programa de Comunidades Seguras se nos vendió como una manera de deshacernos de criminales peligrosos pero ha sido usado en contra de demasiada gente como Juana Reyes que no enfrenta cargos criminales”.

El destino de Reyes, quien salió de prisión con una orden de deportación, está ahora en manos de un tribunal de migración. No hay estudios precisos sobre el costo para los condados de California por las detenciones de individuos que cometen faltas menores.

Sin embargo, el reporte “Costos y Consecuencias. El Alto Costo de las Políticas de Inmigración en las Comunidades” de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) da una idea del alto precio que los condados tienen que pagar por encarcelar a inmigrantes que no han cometido delitos.

Sólo en Sacramento, 40 detenciones de migración en 2010 por un promedio de tres días, aumentaron los costos del condado en $11,000. En promedio por día, detener a un inmigrante por no tener licencia de manejo le cuesta a Sacramento, $528.32.

El estado ha batallado por años sin éxito para que el gobierno federal le reembolse el costo de los presos inmigrantes condenados por delitos graves en las prisiones estatales. La Federación debía pagar 50% por este costo y sólo les da el 19%.

En 2010, el condado San Miguel en Nuevo México cambió su política de arrestos para sólo aplicarla para aquellos en los que hubiera financiamiento federal disponible. El condado de San Clara en el Norte de California estaba considerando una política similar.

La semana pasada ICE anunció que no mantendrá bajo custodia a quienes han cometido ofensas leves de tránsito identificadas bajo el programa Comunidades Seguras ya que no correspondían a un uso eficiente de los recursos del gobierno.

Ammiano busca a través del proyecto de ley AB1081 llamado el Acta de Confianza asegurar que personas como la señora Reyes no pasen tiempo extra en prisión con propósitos de deportación. Lamentablemente las huellas se seguirán enviando a ICE cuando una persona es detenida.

Reyes tiene más de 20 años en el país y sus hijos son nacidos aquí. Logró salvarse de pagar más de mil dólares en el remolque y resguardo de su auto gracias a que Charlie Ramirez, el dueño de la compañía Johnnie’s se compadeció de ella y le dispensó el pago.

Y de no ser porque intervino su abogada Julia Vera que advirtió a Juana Reyes que no firmara la orden de deportación voluntaria ni ningún papel, esta madre muy probablemente ya estaría en México sin sus hijos.