Exceso de papeleo amenaza a inquilinos del Alto Manhattan

Casero les pide larga lista de documentos para retener sus pisos de renta estable.
Exceso de papeleo amenaza a inquilinos del Alto Manhattan
Pío Tejada (primero a la izq.), organizador de inquilinos del Centro Hermanas Mirabal, junto a residentes de los edificios de la calle 137.
Foto: Fotos: José Acosta / EDLP

Alto Manhattan – Un grupo de inquilinos a riesgo de perder sus apartamentos de renta estabilizada por presunta violación de contrato, no sabe si reír o llorar ante la larga lista de documentos que su casero les exige supuestamente para que ellos puedan defender sus casos en la Corte de Vivienda.

Los abogados del casero Extell -dueño de los edificios 601, 605, 607 y 611 West de la calle 137, en el Alto Manhattan- les han pedido desde estados de cuenta, taxes, y tarjetas de crédito, hasta el testamento familiar, la tarjeta de seguro de salud, comprobante de pago del E-Z Pass y prueba de membrecía de servicios como el de biblioteca, piscina y tiendas de video.

Algunos de los arrendatarios dijeron haber recibido una lista de 21 requerimientos, pocos antes de la cita en la corte, dejándolos sin suficiente tiempo para colectar las exigencias.

Los denunciantes pagan de $900 a $1,300 al mes. Algunos apartamentos tienen hasta cinco habitaciones.

Según Pío Tejada, organizador de inquilinos del Centro Cultural y Comunitario Hermanas Mirabal, una organización de base comunitaria que defiende intereses de inquilinos, la petición de tales documentos de Extell es “ilegal”, porque lo único que un inquilino tiene que presentar en la Corte de Vivienda en su cita es el contrato de alquiler y una identificación.

“Estos caseros están actuando como si fueran jueces u oficiales de inmigración o de IRS”, dijo Tejada. “Esto es una forma de hostigarlos. Alguien que no conozca sus derechos puede hasta enfermarse o volverse loca pensando que los van a desalojar si no consigue esos papeles”.

Diógenes Abreu, organizador de inquilinos de la Northern Manhattan Improvement Corporation, una organización que también defiende inquilinos en esa zona, corroboró que los inquilinos no tienen que llevar a la corte los documentos exigidos, sino una copia del contrato de arrendamiento.

Eso fue lo que pensó la anciana Ana Rodríguez cuando le llegó la notificación del casero.

A Rodríguez, quien lleva 37 años en su apartamento del 611 West, el casero la acusó de subalquilar ilegalmente su vivienda, y la llevó a corte.

“Yo padezco de apnea del sueño (un trastorno respiratorio) que me obliga a dormir con una máquina y, tengo la tensión alta, como estoy sola necesito que alguien esté pendiente de mí. Por eso le di llave a mi hermana y a una amiga, y los caseros me acusaron de alquilarles a ellas en mi apartamento”, explicó Rodríguez. “Como recibo ayuda estatal para pagar el alquiler, sé que no puedo subalquilar porque sería ilegal”.

Rodríguez señaló que se enfermó cuando recibió la notificación de los abogados del casero, “y me puse a llorar porque sentí que me trataban como a una criminal”.

“Los caseros me han estado hostigando desde mayo, y ellos saben que yo soy una persona enferma”, se quejó Rodríguez.

Otra que recibió la notificación con 21 requerimientos fue Rosalinda Quiñones, cuyo padre ocupaba desde 1963 un apartamento en el 607 West.

El problema comenzó cuando el padre de Quiñones murió, y los caseros quieren sacarla porque alegan que ella no ha vivido el tiempo suficiente en la vivienda para heredarla.

“Mi hermano y yo tenemos tres años viviendo en el apartamento, y la ley dice que si tenemos dos años podemos heredarlo. Desde abril no nos aceptan el dinero del alquiler, porque nos piden que hagamos el giro postal a nombre de mi padre, que está muerto, lo que es un fraude”, dijo Quiñones.

Otros inquilinos que enfrentan casos en corte, en su mayoría acusados de sobreocupación o subalquiler ilegal, son Clemencia de la Cruz, quien lleva 32 años en el 601 West; Jesús L. Uruchima, de 41 años, quien tiene 33 años en el 611 West; y Reyna García, con 30 años en el 611 West.

Los inquilinos también denunciaron ser víctimas de discriminación con el uso de la lavandería que comparten los edificios, revelando que después de que el casero los obligara a sacar sus lavadoras, sólo les han dado llave de acceso a la lavandería a los nuevos inquilinos, que son los que más pagan de alquiler.

El Centro Hermanas Mirabal coordinó una reunión el 28 de junio para organizar una asociación de vecinos. El día anterior a la reunión el centro recibió una carta de los abogados de Extell, advertiéndoles que si se reunían sin la autorización del casero serían acusados de invasión de propiedad.

Los inquilinos en Nueva York tienen el derecho de reunirse en forma pacífica y cívica para formar una asociación de vecinos.

Bill Neville, representante legal de Extell Development Company, dijo que como caseros tienen el derecho de asegurarse de que los inquilinos en los registros sean los mismos que ocupan los apartamentos, y estén cumpliendo con la ley.

“En los casos de violación de contrato de alquiler, el casero envía al inquilino un aviso por escrito para solucionar la violación de contrato”, dijo Neville. “Si el inquilino cumple, no se inicia ningún caso legal. Si hay alguna disputa sobre violación de contrato, la corte resuelve la disputa”.