Será un difícil cierre de sesión

La legislatura tiene hasta el 31 de agosto para aprobar los 855 proyectos pendientes en ambas cámaras.

Jerry Brown (centro) autoriza el pago de $68 mil millones para el tren bala.

Jerry Brown (centro) autoriza el pago de $68 mil millones para el tren bala. Crédito: Ciro Cesar / La Opinión

SACRAMENTO.- La Asamblea Legislativa reanuda su sesión esta semana después de un mes de receso de verano, dándole a la mayoría demócrata una última oportunidad para persuadir a los votantes de que el aumento impositivo en todo el estado es necesario y que pueden confiar en los legisladores para administrar adecuadamente los fondos adicionales.

Las noticias sobre el dinero en efectivo oculto, los aumentos para el personal legislativo y la autorización para poner en marcha costosas obras públicas mientras los legisladores se encontraban en su receso dificultarán todavía más esta tarea.

El presupuesto aprobado por los legisladores en junio depende de que los votantes aprueben la iniciativa en la hoja de votación de noviembre para aumentar los impuestos del estado a las ventas y a los ingresos, pero los acontecimientos más recientes les han dado a los votantes nuevos motivos para mostrarse escépticos.

Los investigadores descubrieron que el departamento de parques del estado tenía ocultos casi 54 millones de dólares en dos cuentas especiales, incluso cuando las autoridades amenazaron con cerrar 70 parques este verano debido a los recortes presupuestarios.

Alrededor de la misma fecha, se divulgó que los legisladores otorgaron aumentos a más de 1,000 empleados legislativos durante el último año mientras que realizaban importantes recortes al presupuesto y reducían la paga de otros trabajadores del estado.

Mientras tanto, el gobernador Jerry Brown autorizó dos importantes proyectos de infraestructura por un total de 92 mil millones de dólares a pesar de la crisis fiscal actual de California. El gobernador demócrata presentó un plan de 24 mil millones de dólares para construir importantes túneles para transportar agua de los establecimientos agrícolas del Delta Sacramento-San Joaquín al Valle Central y a ciudades del Sur de California. También autorizó con su firma el primer pago del proyecto de trenes de alta velocidad por 68 mil millones de dólares, a pesar de que las encuestas indican su creciente falta de popularidad.

Por último, los legisladores se retiraron del Capitolio aunque no lograron llegar a un acuerdo con el gobernador demócrata para llevar a cabo reformas esenciales al sistema de pensiones del estado. Los dos fondos de pensiones públicas más grandes del estado, para los empleados del gobierno y los maestros, registró una deuda sin financiamiento de 150 mil millones de dólares, pero algunos expertos afirman que la brecha es en realidad mucho mayor.

Los legisladores tienen hasta el 31 de agosto para considerar los 855 proyectos de ley pendientes en ambas cámaras.

“Nos preparamos para un sesión legislativa muy productiva”, señaló el presidente interino del Senado, Darrell Steinberg. “Creo que la reforma de las pensiones será un elemento clave para lograr este objetivo”.

Sin embargo, los últimos acontecimientos les han dado a los opositores a la iniciativa impositiva de Brown, la Proposición 30 en la hoja de votación de noviembre, una buena base para sostener que los legisladores derrocharían los fondos adicionales percibidos por los impuestos.

Son todos ejemplos de “derroche, fraude y abuso” del tipo que resuena en los votantes en los grupos de opinión de los opositores, señaló Jon Coupal, presidente de la Asociación de Contribuyentes Howard Jarvis.

“Incluso las personas que estaban a favor de un gobierno más grande no creían que se estaba gastando correctamente el dinero”, dijo Coupal. “Ese es el problema que tienen que superar”.

La asociación transmitió anuncios por radio llamando al tren de alta velocidad “el despilfarro más grande en la historia de EEUU”, mientras que “No a la Proposición 30”, la coalición de republicanos y opositores al aumento impositivo, aprovechó los aumentos en las pagas y el escándalo del departamento de parques.

La Proposición 30 de Brown, que figurará en la hoja de votación de noviembre, recaudaría unos 8.5 mil millones de dólares al aumentar provisoriamente el impuesto del estado a las ventas y a los ingresos para personas con ingresos superiores a los 250,000 dólares al año, destinando ese dinero al fondo general del estado, las escuelas y la seguridad pública. Si los votantes rechazan los aumentos impositivos, se realizarán recortes en forma automática por 6 mil millones de dólares. Dichos recortes pueden incluir un año escolar más corto, menos dinero para las fuerzas del orden público y aumentos en las tarifas de las universidades públicas.

La líder de la minoría en la Asamblea Legislativa, Connie Conway, republicana de Tulare, afirmó que los legisladores demócratas violaron la confianza de los votantes al basar el presupuesto en aumentos impositivos inciertos mientras continuaban adelante con proyectos de importantes presupuestos en un momento de crisis fiscal.

“Los californianos piensan, ‘Parece mentira, pero dicen que hay dinero para trenes y para cañerías de agua, pero en el presupuesto nos indican que tenemos una deuda de 16 mil millones de dólares y se basa en impuestos que pueden o no ser recaudados, ¿cómo puede ser?'”, señaló.

Steinberg, demócrata de Sacramento, señaló que los opositores aprovecharán cualquier oportunidad para apoyar su negativa hacia cualquier aumento impositivo.

“Lo que no se tiene en cuenta es que este gobierno realizó recortes por miles de millones de dólares en todas las áreas bajo su responsabilidad”, afirmó. “En definitiva, confío en que los votantes dirán que no quieren más recortes en la educación, la educación superior o la seguridad pública”.

Reconoció que los legisladores “se han visto negativamente afectados”, en particular al otorgar aumentos de hasta el 10% a altos funcionarios de la Asamblea Legislativa y del Senado, donde más de 110 de los 1,090 aumentos fueron destinados a empleados con salarios superiores a los 100,000 dólares.

Pero los aumentos equiparan meramente a los empleados legislativos con otros empleados estatales que recibieron aumentos por mérito en los últimos años, mientras que los salarios de los legisladores estaban congelados, dijo. Steinberg también piensa congelar los aumentos a las pagas en el Senado para el próximo año, aunque el presidente de la Asamblea Legislativa, John Pérez, demócrata de Los Ángeles, no haya hecho una promesa semejante.

En lo que respecta al escándalo de los parques, los legisladores afirman que el dinero oculto no es suficiente para resolver los problemas presupuestarios del departamento a largo plazo, aunque esperan usar parte de estos fondos excedentes para ayudar a los parques a permanecer abiertos a corto plazo. También piensan autorizar una auditoría independiente del Departamento de Parques y Recreación, mientras que los comités de supervisión investigan cuánto dinero hay disponible en los 560 fondos especiales dispersos en todo el gobierno estatal.

Los legisladores pasaron los primeros seis meses del año demostrando que puedan actuar con responsabilidad, señaló Steinberg. Eso incluye aprobar el presupuesto dentro de los plazos establecidos, reducir el déficit del estado y promulgar nuevas medidas de protección para los propietarios de viviendas que se enfrentan a ejecuciones hipotecarias.

Limitar el abuso de las pensiones en las últimas cuatro semanas es “vital” para persuadir a los votantes de que apoyen el aumento a los impuestos, señaló, aunque los legisladores también deben mantener suficientes incentivos a fin de retener a los buenos empleados públicos. Brown propuso un plan detallado de reforma a las pensiones a comienzos de este año que ganó los elogios de los republicanos, pero los legisladores demócratas se han mostrado fríos a la mayoría de sus propuestas.

La Asamblea Legislativa también considerará un proyecto de ley de Steinberg y del senador Kevin de León, demócrata de Los Ángeles, que crearía un programa de ahorros para la jubilación, con respaldo y gestionado por el gobierno, que beneficiaría a casi 7 millones de trabajadores en el sector privado de California que no tienen acceso a un plan de jubilación en su lugar de trabajo.

Steinberg promueve proyectos de ley cuyo objetivo es comprar libros de texto universitarios más baratos, cambiar la forma en que las escuelas secundarias educan y evalúan a sus estudiantes y limitar la cantidad de demandas judiciales contra pequeñas empresas por violar la Ley para Estadounidenses con Discapacidades (ADA, en inglés).

Pérez propone recortar dos tercios la matrícula de la Universidad de California y de la Universidad del Estado de California para los estudiantes cuyas familias ganan menos de 150,000 dólares al año pero sus ingresos exceden los parámetros establecidos para obtener ayuda financiera. No obstante, la financiación para el programa depende de mil millones de dólares que se obtendrían al eliminar la reducción impositiva a las corporaciones y hasta ahora Pérez no cuenta con el apoyo que necesita de los legisladores republicanos.

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