No al cobro de las clases
Una junta de comisionados de Carolina del Norte rechaza propuesta
Alcalde de Chicago, Rahm Emanuel, anunció, ayer, recaudación de $ 275 mil en contribuciones para educación de cien jóvenes sin papeles. Crédito: EFE
CHARLOTTE, Carolina del Norte (EFE).- La Junta de Comisionados de un condado de Carolina del Norte rechazó la propuesta de determinar el estatus migratorio de los estudiantes del sistema escolar público para cobrar a sus países de origen por su educación.
El representante republicano Bill James, del Distrito 6 del condado Mecklenburg, que incluye a Charlotte, la ciudad más grande del estado, apoyado de sus colegas, Jim Pendergraph y Karen Bentley, presentó el martes la medida que fue rechazada por la mayoría demócrata de la junta.
Por su parte, Pendergraph, ex alguacil de Mecklenburg y promotor del programa 287g en la cárcel local, enfatizó durante la reunión de anoche que había tratado por dos años de conocer el porcentaje de estudiantes sin papeles del Sistema Escolar de Charlotte-Mecklenburg (CMS).
“Esto no tiene nada que ver con odio, sino de conocer la verdad”, agregó.
Según estadísticas de CMS, de los 138,012 alumnos de Charlotte-Mecklenburg, el 17.5% son hispanos y sólo 15,505 (incluyendo a estudiantes de otras razas) tienen dificultades para dominar el idioma inglés.
En una declaración al periódico The Charlotte Observer, la presidenta de la Junta de Educación del CMS, Ericka Ellis-Stewart, enfatizó que lo propuesto por James es “ilegal”.
“El Gobierno federal prohíbe preguntar el estado migratorio de los estudiantes. No conozco que a otra entidad del condado hayan solicitado algo así”, apuntó.
Según James, la decisión de la Corte Suprema, de no prohibir a los sistemas de educación pública del país admitir a estudiantes indocumentados desde el preescolar al décimo segundo grado, no incluye “estimar sus costos”.
“Este debate es sobre los ‘ilegales’ de CMS y cuánto cuestan a los contribuyentes. Quiero saber esa cantidad para pedir el pago a naciones como México, Venezuela, Nicaragua, o de donde provengan”, afirmó previamente el comisionado a los medios.
Un grupo de padres hispanos y miembros de diferentes organizaciones pro inmigrantes se presentó a la junta para rechazar la medida que consideraron “inconstitucional”.
Jess George, directora ejecutiva de la Coalición Latinoamericana en Charlotte, resaltó el beneficio económico de educar a todos los niños y el aporte de 317 millones de dólares en impuestos estatales y locales que los hispanos pagan al año al estado.
