Alguacil de Carolina del Norte podría ser demandado por discriminación
El abogado del alguacil señaló que su oficina no discrimina a ninguna persona, incluyendo a los que hablan español.
Un agente procesa a un detenido hispano sin identificar en el marco del programa migratorio Comunidades Seguras. Crédito: EFE / Archivo
Charlotte, Carolina del Norte .- El grupo comunitario que denunció las prácticas discriminatorias contra hispanos de un alguacil en Carolina del Norte urgió a las autoridades locales a reconsiderar las negociaciones con el Gobierno federal para evitar una demanda.
Ben Ansbacher, del grupo Fairness Alamance, conformado en 2007 por ciudadanos para denunciar las detenciones indiscriminadas de latinos, afirmó en conferencia de prensa en la ciudad de Burlington que los comisionados debían “dejar de gastar el dinero de los contribuyentes en abogados y llegar a una solución”.
El abogado de la Oficina del Alguacil Terry Johnson, del Condado Alamance, al norte del estado, S.C. Kitchen, respondió el miércoles pasado a los resultados de la investigación del Departamento de Justicia (DOJ), reiterando que el alguacil no considera necesario “negociar algún acuerdo”.
“La oficina del alguacil de Alamance no discrimina contra ninguna persona, incluyendo a los que hablan español. Todas estas acusaciones fueron basadas en artículos de periódicos, rumores y chismes”, apuntó Kitchen.
Johnson tiene hasta este domingo para acordar sentarse a discutir con el DOJ y la División de Derechos Civiles posibles cambios en las políticas de su agencia con referencia a los latinos, o de lo contrario corre el riesgo de ser demandado.
Fairness Alamance, la Unión de Libertades Civiles de Carolina del Norte (ACLU) y otros grupos comunitarios vienen denunciando las prácticas irregulares de los agentes del alguacil a raíz de la aplicación del programa 287g en la cárcel del condado en 2007.
Varios estudios universitarios arrojaron que la mayoría de los identificados por el 287g en ese condado habían sido arrestados por infracciones menores de tránsito, como manejar sin licencia de conducir.
En 2010, el DOJ comenzó a investigar las alegaciones de los grupos y dos años después corroboró que había suficientes evidencias para concluir que existía “una cultura de violación a los derechos civiles de los latinos, la Constitución, y las leyes federales”.
Según la agencia federal, los alguaciles realizaban retenes de tránsito frecuentes en las afueras de vecindarios de esta comunidad para detenerlos y llevarlos a la cárcel para ser identificados por el 287g para acelerar las deportaciones.
También el DOJ resaltó las frases peyorativas que utilizaba Johnson al referirse a los inmigrantes como “comedores de tacos”, acusarlos de traer prostitución y drogas a las comunidades, propensos a beber licor y a tener sexo con menores de edad.
Mary Rosenbluth, abogado de inmigración en Durham, que ha defendido en corte a varios hispanos identificados por el 287g en Alamance por manejar sin licencia de conducir, afirmó que “si el alguacil no tiene nada que ocultar, lo mejor es que se reúna con los federales”.
“Ni siquiera el ICE tolera sus prácticas”, enfatizó Rosenbluth, refiriéndose a la decisión de la agencia federal de cancelar el 287g en Alamance al conocerse los resultados de la investigación y limitar el programa Comunidades Seguras en la cárcel del condado.
“Creo que en este caso la verdad no se puede ocultar. Los oficiales practicaban claramente el perfil racial al detener a hispanas por infracciones de tránsito y al contrario emitir multas a otras personas por las mismas infracciones”, apuntó.
Suyapa Mejía, una hondureña ciudadana estadounidense con 11 años viviendo en Burlington, contó hoy a Efe que en mayo de 2010 fue amenazada con ser “deportada a México” por un alguacil de Alamance que alegó que había robado sus papeles.
Kitchen sugirió que la investigación federal fue motivada por “intereses políticos” y por la Administración Obama, que ha decidido “continuar su campaña de guerra contra las agencias locales del orden”.
Johnson es un popular alguacil republicano que ganó su puesto en 2002 y desde entonces se ha destacado por hacer la vida difícil a los hispanos, que conforman el 11% de la población del área.
Tanto Ansbacher como Mejía coinciden que desde que los abogados del DOJ comenzaron a cuestionar las prácticas de Johnson “se ha mejorado la situación”, pero los hispanos viven aterrorizados y con miedo a reportar los crímenes en las comunidades.
La Junta de Comisionados de Alamance se reunirá el próximo lunes a puerta cerrada para discutir la situación del alguacil.
El alguacil de Carolina del Norte podría enfrentar una demanda por discriminación a hispanos.
