Crítican omisiones del gobernador

El veto del gobernador de California Jerry Brown al proyecto de ley TRUST, que hubiera limitado la cooperación de la policía local al programa federal Comunidades Seguras, ha logrado que sus usuales amigos en las agrupaciones proinmigrantes lo llamen traidor y que tradicionales críticos, como la organización antiinmigrante FAIR, lo elogien calurosamente.

“El veto del gobernador es una rara victoria para los ciudadanos amantes de la ley sobre el poderoso ‘lobby’ (cabildeo) de los protectores de los ilegales”, dijo Dan Stein de FAIR, organización que lucha contra cualquier semblanza de reforma migratoria. “Por una vez, el sentido común ha prevalecido sobre un acto sin consciencia de la Legislatura que hubiera puesto en peligro la seguridad pública de California”.

Para Pablo Alvarado, director de la Red Nacional de Jornaleros (NDLON), el veto de Brown al proyecto de ley AB1081 fue una “traición” a los grupos proinmigrantes que lo han apoyado en sus campañas. “El gobernador se rehusó a arreglar un problema que él mismo creó en 2009 cuando era procurador y él mismo dijo que California tenía que entrar en el acuerdo con el gobierno federal para implementar el programa Comunidades Seguras”, dijo Alvarado.

“No hay palabras que puedan expresar la rabia y la indignación que sentimos contra la Casa Blanca y ahora contra la acción del gobernador”.

El veto de Brown también tuvo otro efecto: enfrentar a algunos de los activistas proinmigrantes con uno de los legisladores que más ha luchado por obtener derechos para los indocumentados, el asambleísta saliente Gil Cedillo.

Varios grupos de “dreamers” acusaron a Cedillo de haber presentado una ley “vacía” de licencias de conducir, dando a Brown una salida política al firmar ésta y vetar el Trust Act (Acta de Confianza), amén de otras medidas relativas a los derechos de trabajadores domésticos y la protección para campesinos, que también fueron vetadas por Brown.

Carlos Amador, de Dream Team LA, dijo que el gobernador esperó a última hora “para vetar una ley de gran impacto que hubiera aliviado el sufrimiento de muchas familias inmigrantes y a su vez decidió firmar una ley simbólica y vacía que no cambia nada”, dijo, refiriéndose a la ley de Cedillo.

El mismo día que realizó los vetos mencionados, el gobernador puso su firma aprobatoria en la medida AB2189 del asambleísta Gil Cedillo que según el legislador facilita y unifica la obtención de licencias de California para receptores del programa de acción diferida DACA.

Según los críticos, esa ley no hacía falta ya que los receptores de DACA, jóvenes estudiantes que reciban el beneficio de suspensión de deportación ofrecido por la Casa Blanca recientemente, podían obtener su seguro social y permiso de trabajo y con este acudir al DMV para sacar su licencia, así como lo hacen otros no inmigrantes con permisos temporales como los que tienen TPS.

Cedillo, por su parte, calificó de irresponsable el ataque de las organizaciones y algunos líderes dreamers. “Es una gran imprudencia que digan eso”, dijo Cedillo. “Esta ley sirve para hacer ley lo que hasta ahora eran sólo reglamentos del DMV con una lista de documentos, además de determinar que cualquiera sea el documento que el gobierno federal le dé a estos jóvenes, el DMV deberá aceptarlo y otorgar licencias”.

Según Cedillo, “ya sabemos lo estricto que es el DMV con los documentos que acepta o no acepta y ahora ya no es a discreción de un funcionario o un reglamento, sino una ley y ningún funcionario en ninguna oficina del DMV en California puede imponer su opinión del asunto, sólo cumplir lo que la ley dice claramente”.

El gobernador Brown argumentó que AB1081, la ley TRUST, patrocinada por el asambleísta Tom Ammiano, un proyecto que dividió a los grupos policiales, era un proyecto con errores que no podía apoyar y que necesita enmiendas antes de obtener su firma. En su mensaje de veto Brown señaló que Trust “impediría cooperación (de policías locales con el gobierno federal) en el caso de personas arrestadas por ciertos delitos de abuso infantil, drogas y pandillerismo”.

Ammiano, que fue el autor de Trust y también el principal patrocinador de la ley de trabajadoras domésticas que también vetó el gobernador, se mostró decepcionado, pero dijo que presentaría de nuevo la ley y esperaría la participación del gobernador “con sus comentarios”. “Honestamente, creo que hubieran presentado cualquier excusa. Esto de la lista de delitos podía haberse resuelto y francamente, no mostró interés en hacerlo”, dijo Ammiano.

Otros fueron algo más optimistas. Angela Chen, abogada del Grupo Legal Asiático, indicó que en el veto del gobernador este reconoció que la cooperación de los policías locales en seguir las solicitudes de ICE de retener a ciertos inmigrantes para que las autoridades de los recogieran tenía que ser voluntaria y no bajo “coerción” del gobierno federal.

“Lástima que esperó al mensaje de veto para hacer sus observaciones y nunca, en todo el tiempo que pasamos trabajando en este proyecto, se reunión con nosotros ni una sola vez”, dijo Chen.

Armando Botello, portavoz del DMV, aclaró que la ley de licencias entra en vigencia el 1 de enero y que hasta entonces los receptores de DACA podrán recibir ese beneficio. Durante una reunión con la junta editorial de La Opinión hace un par de semanas, el gobernador Brown había expresado su preocupación con respecto a la redacción del proyecto de ley, aunque también indicó que parte de su preocupación con el proyecto de ley tenía que ver con el hecho de que “es la Casa Blanca de Obama” la que está haciendo las deportaciones.