Política y empleo

Se suele decir que en el trabajo no se habla ni de religión ni de política. Esos son aspectos muy personales que no tendrían cabida alguna en el lugar de empleo.

Sin embargo, este año hay empleadores que no dudan un minuto en aconsejar a sus trabajadores sobre la conveniencia de votar por un candidato específico. De lo contrario, dicen que la política de su rival, puede costarle el puesto al empleado.

Esto es lo que hizo el millonario y CEO de Westgate Resort, David Siegel, q uien advirtió en un e-mail a sus siete mil empleados que si “me cobran nuevos impuestos a mi o a mi compañía, como son los planes actuales del Presidente… esto significará menos empleos, menos beneficios y seguramente menos oportunidades para todos”.

Los mismo hicieron los hermanos Koch con los 45 mil empleados de Georgia Pacific en Oregon, que también recibieron el concejo patronal de votar por los candidatos republicanos para no “sufrir las consecuencias” de la políticas demócratas.

Este activismo político patronal es atribuido a una decisión de la Suprema Corte de Justicia, Citizens United, que da rienda libre a la participación política de las corporaciones.

Al mismo tiempo, esta actitud es alentada por el candidato presidencial Republicano, Mitt Romney, quien ha dicho a grupos de empresarios que le hablen a sus empleado sobre cuál “es el mejor interés para su empresa, por lo tanto para su empleo y su futuro en esta próxima elección”.

Es cierto que un sindicato puede estar envuelto en política y apoyar a un candidato presidencial, pero esto ocurre fuera del trabajo. Dentro del empleo se limita a temas laborales específicos. Pero este no tiene el poder que tiene un empleador sobre los puestos de trabajo.

El activismo propuesto por Romney, y realizado por las empresas, no es ilegal, pero es inapropiado por el poder de presión patronal.

Lo que se establece no es una discusion política, sino la promoción de un solo punto de vista con el fin de convertir votantes. Así sin mucho disimulo se le hace conocer al empleado que su seguridad laboral depende de su voto a favor al candidato favorecido por el dueño.

Esta regla de juego es una intimidación solapada que poco tiene que ver con el ejercicio libre del voto.