Menos salud para inmigrantes

ÁLAMO, Texas (AP).— Durante años, Sonia Limas llevaba a sus hijas a la sala de urgencias cuando enfermaban de cualquier cosa. Al ser inmigrante sin permiso de residencia, carecía de seguro de salud y el único lugar que conocía para obtener atención médica era el hospital, la opción más cara.

Las alternativas de la familia mejoraron un poco hace una década, con la expansión de las clínicas comunitarias, que ofrecían atención gratuita o asequible con ayuda del gobierno federal. Pero la reforma de salud promulgada por el presidente Barack Obama amenaza con poner fin a algunos de esos servicios si las clínicas y hospitales se saturan con nuevos pacientes asegurados y no pueden costear ya la atención para muchas familias pobres.

Desde luego, la ley impulsada por el presidente Obama nunca tuvo el objetivo de ayudar a los Limas ni a los aproximadamente 11 millones de inmigrantes que se encuentran sin autorización en el país. En vez de ello, la iniciativa vislumbra que 32 millones de estadounidenses carentes de seguro obtengan acceso a la cobertura de salud para el año 2019. Dado que ello significaría que menos pacientes sin seguro se presentarían en los hospitales, el proyecto de Barack Obama eliminó el reembolso de los costos por atención médica carente de compensaciones.

Pero en los estados que tienen grandes poblaciones de inmigrantes, las cuentas no ajustan, especialmente si los legisladores no expanden el Medicaid, el programa conjunto del Gobierno estatal y federal para la atención médica de los pobres y que incluye a los discapacitados.

Cuando la reforma se haya implementado plenamente, los inmigrantes sin permiso representarán la segunda población más grande de gente sin seguro en el país, con cerca del 25%. El único grupo mayor será el que está en condiciones de obtener el seguro pero no se inscribe en el programa, de acuerdo con un estudio realizado en 2012 por el Urban Institute, con sede en Washington.

Y dado que dos tercios de los inmigrantes no autorizados residen en tan sólo ocho estados, en esas zonas se presentará una cantidad desproporcionada de personas sin seguro a las que habrá necesidad de atender.

En las comunidades “donde el número de inmigrantes indocumentados es mayor, esta presión ha alcanzado ya su punto máximo”, dijo Rich Umbdenstock, presidente de la Asociación de Hospitales de Estados Unidos, en una carta enviada el año pasado a Obama, en la que le pidió tener en mente a los hospitales que brindan ayuda no compensada a ese grupo de la población. “En respuesta, muchos hospitales han tenido que reducir los servicios, posponer su implementación o quitar camas”.

El Gobierno federal ha ofrecido ampliar el Medicaid, pero los estados deben decidir si aceptan el acuerdo. Y en algunos de esos ocho estados —incluidos Texas, Florida y Nueva Jersey—, los hospitales tratan de determinar si tendrán dinero para atender a las personas que permanecen sin seguro.

Sin una expansión del Medicaid, la llegada de nuevos pacientes y la posibilidad de recortes en el presupuesto federal podrían propinar un “golpe doble” en Texas, advirtió David López, director general del Harris Health System en Houston, que eroga entre 10 y 15% de su presupuesto anual de 1.200 millones de dólares en dar atención a los inmigrantes carentes de permiso.

De manera realista, los contribuyentes pagan ya parte del tratamiento dado a los inmigrantes no autorizados, porque la ley requiere que los hospitales estabilicen y atiendan a cualquier paciente que llegue a las salas de urgencias, sin importar su capacidad de pago. El dinero para cubrir los costos suele provenir de los impuestos federales, estatales y locales.

Es difícil contabilizar con precisión el dinero que se destina al tratamiento de los inmigrantes sin permiso, porque la mayoría de los hospitales no pregunta el estatus migratorio. Algunos estados han tratado de averiguarlo.