Breves
El número de inmigrantes deportados en la región noroeste del Pacífico, porque carecían de permiso para estar en Estados Unidos, mantiene una tendencia descendente.
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE ), informó que poco más de 6,700 inmigrantes fueron deportados desde de los estados de Washington, Oregón y Alaska durante el año fiscal 2012.
La cifra contrasta con los 11 mil de 2008, la más alta en cinco años.
Las estadísticas de 2012 también muestran que por primera vez en cinco años, declinó la cifra de inmigrantes no autorizados con antecedentes penales.
El ICE indicó que más de 4,500 fueron deportados en 2012 en comparación con los casi 5,300 el año anterior.
En los últimos años, el ICE ha considerado una de sus principales tareas la deportación de inmigrantes no autorizados que tengan antecedentes penales.
A nivel nacional, las deportaciones de inmigrantes no autorizados fueron cerca de 410 mil, de los cuales casi 70% tenía antecedentes penales.
El Senado de Estados Unidos expresó ayer su decepción ante la ley rusa que prohíbe a los ciudadanos de este país adoptar niños rusos, aprobada en represalia por la decisión estadounidense de sancionar a funcionarios de Rusia responsables de graves violaciones a los derechos humanos y que entró ayer en vigor.
En una resolución aprobada esta madrugada por iniciativa de la legisladora demócrata de Luisiana, Mary Landrieu, el Senado de Estados Unidos expresó su “profunda decepción por la prohibición” e insta al Gobierno ruso a que reconsidere su legislación.
El presidente ruso, Vladimir Putin, promulgó la legislación el viernes pasado y la medida entró en vigencia ayer, 1 de enero.
Esa ley es una respuesta de Rusia a la promulgación, el 14 de diciembre, por parte del presidente de EEUUU, Barack Obama, de una norma que establece sanciones a quienes comentan abusos contra los derechos humanos en Rusia.
El objeto principal de la ley era normalizar el comercio entre Rusia y Estados Unidos más de tres décadas después del fin de la Guerra Fría.
El Gobierno federal solicitó a una corte que rechace la solicitud de Arizona con la que esta busca anular un fallo que impide la aplicación de una medida menor de la ley estatal de inmigración que prohíbe alojar a inmigrantes sin permiso para estar en el país y que había entrado en vigencia en 2010.
En un documento que entregó el 27 de diciembre a la Corte de Apelaciones del 9no Circuito, el Departamento de Justicia dijo que las amplias facultades sobre inmigración del Gobierno federal superan la medida en cuestión de la ley de Arizona y manifestó que la ley federal prohíbe a las personas alojar a inmigrantes que viven en el país sin autorización.
“El Gobierno nacional tiene la máxima autoridad para normar el trato a los extranjeros que se encuentren en territorio estadounidense porque es la nación en conjunto, y no un estado individual, la que debe responder por las consecuencias internacionales resultantes de ese trato”, afirmó el Departamento de Justicia en su escrito que presentó como amigo de la corte.
El Gobierno federal, que apeló en 2010 la ley de Arizona, entregó el documento como parte de la impugnación separada que presentó una coalición de grupos defensores de los derechos civiles.
La medida había entrado en vigencia a finales de julio de 2010 pero la jueza federal Susan Bolton la bloqueó el 5 de septiembre a causa de la apelación que presentó una coalición defensora de los derechos civiles.
