Impunidad tras violaciones
MÉXICO, D.F. Karina es el rostro de la impunidad que las organizaciones Amnistía Internacional y el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio echaron en cara al gobierno sobre la violencia de género en el contexto de las agresiones sexuales a seis turistas españolas, que siguen sin resolverse.
Desde el pupitre de la preparatoria donde estudia, esta jovencita de 16 años hace un esfuerzo diario por olvidar las audiencias judiciales que enfrentó a los nueve años para castigar a sus violadores, tres vecinos del municipio de Chimalhuacán, Estado de México, que al final fueron liberados a pesar del reconocimiento y las evidencias.
El problema es que las noticias sobre ataques sexuales “la ponen mal”: en los últimos días, Enedina Vélez, la madre, la encontró llorando en la sala porque el caso de las violaciones a las hispanas en Acapulco le recuerdan dos cosas: que el suyo sigue impune y que nadie movió un dedo por ella como ahora lo hacen por las extranjeras.
“Los agentes del ministerio público dejaron ir a los violadores a cambio de dinero”, denuncia Vélez, miembro del mexiquense Consejo de Mujeres en Defensa de los Derechos Humanos. “Mi hija fue valiente y aguantó todos los interrogatorios, pero después se encontró con la realidad de la injusticia”.
De acuerdo con datos de la Secretaría de Salud en 2010, cada año son violadas alrededor de 120,000 mujeres (una cada cuatro minutos); de las cuales, sólo alrededor de 14,000 denuncian la agresión, según datos de la extinta Secretaría de Seguridad Pública, y sólo 2,000 llegan a sentencia.
“Si quien viola a una mujer no recibe ningún castigo, el mensaje que se está transmitiendo es que tales abusos son aceptables”, dijo Amnistía Internacional en un comunicado de prensa.
El Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidios lleva desde hace cuatro años el mismo mensaje al gobierno con relación a la violencia de género.
“Tenemos leyes avanzadas y marcos normativos de vanguardia, pero no hay voluntad política para implementarlos y eso se traduce en impunidad”, coincidió María de la Luz Estrada, de Católicas por el Derecho a Decidir, una de las instituciones que integran el observatorio que ha documentado el asesinato de 4,122 mujeres en cinco años.
La activista citó como ejemplo para sustentar esta acusación el tema de las “alertas de género” que ordena la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia a través de las cuales se debería decretar una región como de alto riesgo cuando ocurren reiteradamente ataques a féminas.
“Solicitamos ya 10 declaratorias y ninguna se ha concedido ni a nivel federal ni estatal”, lamentó. “Los gobiernos temen por su imagen y prefieren que sigan matando y violentando mujeres, pero que no se sepa”.
El estado de Veracruz fue un caso representativo al respecto. Católicas por el Derecho a Decidir observó en el reciente cambio de administración estatal un dato alarmante: entre 2006 y 2012, el procurador saliente reportó a 200 mujeres desaparecidas; el entrante, reconoció 5,000.
Sin independencia de los respectivos gobiernos estatales, las procuradurías de justicias locales carecen de una estadística de delitos confiables y están atadas al ánimo de los gobernadores en turno, a la corrupción y al machismo para tratar el tema de género.
Estrada describe que cuando alguna víctima de violación acude al ministerio público a denunciar la mayoría de las veces son revictimizadas por los agentes varones: les desaparecen pruebas, no les creen o las acusan de provocar el abuso.
“Sin sensibilidad, voluntad política y justicia no habrá campaña contra la violencia de mujeres que sirva”.
