Siguen muertes de migrantes en el desierto

TUCSON, Arizona — El cadáver de Ildefonso Martínez llegó un viernes a la noche de fines de abril del año pasado, con el número identificatorio 12-01000. Lucía zapatillas Nike negras, un cinturón de Perry Ellis medida 34 y un reloj Casio.

Para los empleados de la morgue del condado de Pima encargados de investigar el cadáver fue un caso inusual. No por la forma en que murió —igual que tantos miles de migrantes, tratando de ingresar ilegalmente al país desde México—, sino por la rapidez con que fue identificado.

Las muertes de migrantes que intentan cruzar la frontera a pie es una consecuencia trágica de la inmigración ilegal y, según muchos, del aumento de la vigilancia de la frontera. Para algunos, el problema refleja la necesidad de que el Congreso apruebe una reforma a las leyes de inmigración. Para otros, las propuestas sobre la mesa contemplan una mayor vigilancia y no dicen mucho acerca de cómo salvar vidas.

“Lo que se está diciendo es lo mismo de siempre”, afirmó Kat Rodríguez, de la Coalición de Derechos Humanos de Tucson, que pide a familiares y amigos información de migrantes desaparecidos y la suministra al personal de las morgues que tratan de identificar a los muertos.

Miles de agentes de la Patrulla de Fronteras adicionales, muros, cámaras, sensores y aeronaves a lo largo de la frontera hacen que resulte más difícil ingresar ilegalmente a Estados Unidos y que los traficantes de drogas y de personas ensayen rutas más remotas por el desierto. La gente camina hasta una semana bajo el calor ardiente del desierto, a menudo con agua embotellada y comida enlatada para unos pocos días.

Si bien los cruces ilegales han disminuido enormemente en tiempos recientes, todos los años siguen apareciendo cientos de cadáveres en la frontera. Los agentes fronterizos hacen más de 1,000 rescates de personas en apuros todos los años y agrupaciones humanitarias continúan colocando puestos con agua en el desierto, en la esperanza de ayudar a quienes intentan el cruce.

En los últimos 15 años fueron hallados al menos 5,513 personas muertas a lo largo de las 1,954 millas de frontera entre México y Estados Unidos, incluidas 463 en el año fiscal del 2012, según la Patrulla de Fronteras.

En el sector de Tucson —el tramo de la frontera donde más cadáveres se han encontrado desde el 2001— aparecieron 177 cuerpos en el último año fiscal. El sector del Valle del Río Bravo, en Texas, fue el que registró el mayor incremento: el año pasado aparecieron 150 cadáveres, comparado con los 66 del 2011.

En Texas los migrantes cruzan el río Bravo, consiguen un transporte que los lleve hacia el norte y luego caminan varios días por las haciendas del condado de Brooks para evitar los controles en las rutas. El condado no tiene médicos forenses ni analiza el ADN de los migrantes muertos, que son enterrados en tumbas sin nombre en un cementerio de la ciudad de Falfurrias.

La situación es similar a la que enfrentaron las autoridades del condado de Pima cuando Arizona pasó a ser el sector más usado para los cruces ilegales hace más de una década.

“Ni nos imaginábamos de la tormenta que teníamos en el horizonte”, comentó Bruce Anderson, médico forense y antropólogo de Tucson.

El Centro de Ciencias Forenses del condado de Pima, que funciona en el campus del Centro Médico de la Universidad de Arizona, tiene en sus archivos más de 700 cadáveres no identificados hallados desde fines de la década de 1990. Muchos cadáveres estaban demasiado descompuestos como para ser identificados, en tanto que otros tenían identificaciones falsas o no tenían documentos.

Cámaras para 262 cadáveres y camiones refrigerados listos para intervenir, con espacio para otros 45 cadáveres, hacen que la 30ma ciudad más grande de Estados Unidos tenga una de las morgues más extensas.

“Nadie tiene este problema. Nadie”, dijo Gregory Hess, médico forense del condado de Pima. Su oficina lidia con más de 2,000 muertes derivadas de asesinatos, suicidios y otras causas, pero los migrantes representan el mayor reto pues no pueden ser identificados.

Desde el 2001, su oficina examinó los cadáveres de 2,067 personas fallecidas tratando de cruzar la frontera, la mayoría de ellos mexicanos varones. Como Ildefonso Martínez.

Martínez, de 39 años, nació y se crió en una localidad agrícola del estado de San Luis Potosí, en el centro de México. Le pagó $200 a unos coyotes a comienzos de la década de 1990 para que lo trajesen a Estados Unidos, donde se instaló en la zona de San Diego y trabajó en lo que pudo.

En marzo del año pasado aceptó hacerse cargo de la caja registradora del negocio de un amigo. Un policía sospechó algo cuando le pidió que firmase un aviso legal que le enviaron al propietario del negocio y Martínez presentó una identificación consular. El agente llamó a la Patrulla de Fronteras y Martínez fue deportado.

Atrás quedaron su esposa Juana García y cinco hijos e hijastros. Desesperado por regresar con ellos, Martínez trató de ingresar al país tres veces por las montañas al este de San Diego, pero fue capturado.

Fue entonces que decidió probar fortuna por Arizona. “Me tomará una noche y un día”, le comentó a otra persona que quería cruzar, Isaac Jiménez, a quien convenció de que fuese con él.

Jiménez relató más tarde lo que sucedió durante la travesía.

A las siete de la tarde del viernes 20 de abril del 2012, dijo, cruzaron la frontera con otras 19 personas por Lukeville, localidad fronteriza 150 millas al sur de Phoenix. El grupo deambuló durante diez horas por el desierto hasta que llegaron a una cueva y decidieron descansar. Reanudaron el trayecto bajo un sol intenso y caminaron otras cuatro horas. A esa altura Martínez cayó al piso, seguramente insolado.

“Estoy muy joven para morir”, le dijo a Jiménez.

“Luego dijo que no sabía quién era yo. Se volvió loco, perdió la memoria”, relató Jiménez.

El coyote que los guiaba insistió en que el grupo abandonase a Martínez, pero Jiménez dice que se quedó con él, le frotó alcohol en la frente mientras el cuerpo de su compañero se hinchaba y prendió un fuego para tratar de llamar la atención. Dos horas después, cuando Jiménez se fue en busca de señales para un teléfono celular, Martínez agonizaba.

Lo que sucedió después no está claro. Jiménez dice que marcó el 911 después de caminar tres horas e insiste en que los agentes de la Patrulla de Fronteras que lo recogieron y lo llevaron de vuelta a México le aseguraron que encontrarían a su amigo. La Patrulla, por su parte, dijo en un comunicado que los agentes que arrestaron a Jiménez no reportaron haber sido informados de que Martínez estaba agonizando en el desierto.

Cinco días después, luego de que una hijastra de Martínez hiciese numerosas llamadas desesperadas a funcionarios de Estados Unidos y México, los agentes de la Patrulla de Fronteras se encontraron con Jiménez en Lukeville y éste los llevó hasta el sitio donde estaba el cadáver de Martínez. Por el lugar revoloteaban aves.

El Centro de Ciencias Forenses del condado de Pima determinó que la causa de la muerte fue probablemente una hipertermia, o aumento brusco de la temperatura del cuerpo.

Identificar un cadáver “es como armar un rompecabezas”, expresó Robin Reineke, estudiante de antropología de la Universidad de Arizona que entrevista a familiares de personas desaparecidas en el desierto para tratar de identificarlas.

Se le pide a los familiares que suministren todo tipo de datos, incluidos posibles problemas en la dentadura, si tenían dientes de oro, si tenían tatuajes o cicatrices, o huesos rotos.

Reineke dijo que le genera un gran alivio poder identificar a una persona y acabar con la incertidumbre de sus familiares.

“He hablado con algunas de estas personas por cinco años. Llevaban mucho tiempo buscando respuestas”, manifestó.

Uno de cada tres cadáveres de migrantes no es identificado, lo que obliga a los investigadores a enviar los huesos o muestras de sangre para que se les analice su ADN.

Algunos cadáveres permanecen en refrigeradoras por más de un año.

En el caso de Martínez, los investigadores contaron con mucha información: Pertenencias personales que sus familiares pudieron identificar, incluida una tarjeta de su dentista de California. También consiguieron su historial dental, que confirmó que se trataba de él.

El gobierno mexicano paga para repatriar los cadáveres, pero la familia de Martínez reunió $16,000 para enterrarlo cerca de su departamento de San Diego.

“Lo vamos a ver todos los fines de semana”, dijo su hijastra Gladys Domínguez.

Juana, la esposa de Martínez, de 43 años, le agradece a Jiménez que haya tratado de salvar a su marido. Jiménez logró finalmente entrar ilegalmente al país y se radicó en Fresno, California. Dice que quería que su viuda supiese cuáles fueron las últimas palabras de Martínez.

“Hizo lo que pudo”, comenta la viuda, quien espera que el gobierno estadounidense encuentro formas de evitar estas muertes.

“La gente como mi marido necesitan una reforma a las leyes de inmigración”, afirmó. “Hay mucha gente como él”.

Martínez fue enterrado en mayo del año pasado, el día en que Gladys cumplía 19 años. Su tumba tiene una foto de él con Juana cuando se casaron en el 2010. Dice “juntos para siempre”.