Destapan fraudes de notarios ‘mañosos’ en Chicago

Investigue primero sobre los abogados de inmigración antes de caer en trampas que podrían llevarlo, no sólo a perder su dinero sino incluso arrebatarle la oportunidad de convertirse en ciudadano de los Estados Unidos.

PIE DE FOTO. Los fraudes con notarios de inmigración pueden incluso causar que una persona pierda la  posibilidad de convertirse en ciudadano estadounidense.

PIE DE FOTO. Los fraudes con notarios de inmigración pueden incluso causar que una persona pierda la posibilidad de convertirse en ciudadano estadounidense. Crédito: Foto La Raza

Chicago.- Le suenan los nombres “notario”, “notario público” o “consultores de inmigración”, pues en Chicago hay un sinnúmero de ellos que ofrecen servicios de manera responsable. Sin embargo, hay otros que incurren en faltas o delitos donde el único perjudicado es el cliente.

Para Mony Ruiz-Velasco, directora legal del National Inmigrant Justice Center (NIJC), la palabra notario público en Latinoamérica tiene una connotación muy diferente a lo que significa en los Estados Unidos.

“Aquí [Estados Unidos] un notario no es un abogado, no es alguien que está autorizado a dar consejos legales y obviamente en Latinoamérica sí lo es. Esto es un punto de confusión en la comunidad, por lo que es muy importante que esté bien enterada acerca del tema”, dijo Ruiz-Velasco a La Raza.

Según el abogado de inmigración Moisés Hernández, en los EE.UU. un notario público no cuenta con ningún entrenamiento legal, no está capacitado para tener ninguna otra tarea más que certificar la firma de un individuo.

“Por lo tanto es un crimen en todos los cincuenta estados de la Unión Americana practicar Derecho (leyes) sin licenciatura”, afirmó Hernández.

Hernández señaló que incluso hay algunos notarios públicos que hasta están administrando bufetes de servicios legales, sin autorización ni entrenamiento legal, “por supuesto con resultados desastrosos para los individuos que acuden a eso lugares buscando servicio”.

“Sabemos que cada vez que hay una noticia acerca de inmigración a nivel nacional, hay un poco de confusión; las personas quieren información, por lo que estos negocios se aprovechan, les ofrecen consejos legales cuando no deben hacerlo”, dijo Adolfo Hernández, director de la Oficina de Nuevos Americanos de la alcaldía de Chicago.

Para Moisés Hernández, en la comunidad inmigrante existe muchas veces el temor de acudir a las autoridades a denunciar este tipo de estafas de falsos abogados de inmigración.

“Esto se debe, ya sea porque no tienen documentación legal en este país, no manejan el inglés o desconocen las leyes de este país. También hay una actitud popular en algunas personas al pensar que la autoridad te va a robar, no ayudar, por eso no acuden a los lugares correctos”, explicó el jurista.

CUIDADO CON LAS PROMESAS

En mayo del año 2012, la Municipalidad de Chicago reformó la ordenanza de las licencias empresariales, que requiere que los proveedores de asistencia en inmigración (notarios) muestren en un lugar visible y en distintos idiomas lo referente a costos y servicios que pueden ofrecer, además de formas para someter quejas.

“Estos proveedores que no son abogados tienen que tener un letrero en la oficina que dice ‘no soy abogado’, tienen que dar la información a dónde una persona puede llamar si no está feliz con el servicio, si quiere meter una demanda; ellos tienen que tener esta información a la vista”, dijo Adolfo Hernández.

“El problema más grande es que ellos están dando estos consejos, están haciendo promesas de poder hacer los trámites de ciudadanía, promesas de poder traer a una persona aquí [Estados Unidos] de otro país por un costo de mil dólares o más”, indicó el funcionario.

El pasado 6 de marzo la Municipalidad de Chicago estableció regulaciones para estos proveedores de servicio de inmigración.

También se dio a conocer el resultado de una investigación en contra de dichos proveedores de servicios que han incurrido en fraudes.

La Municipalidad realizó el 8 de marzo el primer operativo en el que participaron seis inspectores del Departamento de Protección al Consumidor y Relaciones Comerciales (BACP). Los inspectores visitaron 54 negocios de servicios de inmigración en Chicago. De estos, 24 habían cometido infracciones (un 44%).

La investigación reveló, entre otras cosas, que cobraban precios exorbitantes, brindaban asesoría legal no autorizada y ofrecían resultados imposibles de obtener.

Los negocios recibirán multas que oscilarán entre $200 y $10,000 por infracción, se indicó.

“Entendemos que la mayoría son buenos negocios y hacen las cosas que se deben hacer en línea con nuestras regulaciones; pero queremos asegurarnos que quienes no están siguiendo nuestras leyes, no lo puedan seguir haciendo en nuestra ciudad”, manifestó Adolfo Hernández.

EXIJA CREDENCIALES

La abogada Ruiz-Velasco dijo que las personas necesitan ser consumidores bien informados. Hay organizaciones autorizadas para dar consejos legales. Estos son grupos comunitarios acreditados por el Concilio de Apelaciones de Inmigración.

“Verifiquen realmente si la persona es un abogado, pregúntenle por su licencia, para saber si están autorizadas a ejercer su profesión es este país”, dijo.

De no tomarse la medidas necesarias, “las consecuencias serían muy severas para las personas que solicitan algo para lo que no califican, incluso podrían terminar en procedimiento de deportación”, advirtió Ruiz-Velasco.

La Ciudad indicó que las personas que quieran dejar una queja pueden llamar al 311.

“Pueden dejar la información acerca del negocio; no le van a preguntar a la víctima sobre su estatus legal o su seguro social, nosotros nomás queremos saber cuáles negocios debemos de revisar y quizás lanzar una investigación si es necesario”, dijo Adolfo Hernández.

El funcionario agregó que “no hay que olvidar que el riesgo para esas personas no es nomás que pierdan el dinero, sino el poner en riesgo el estatus legal y la posibilidad de ser ciudadano en el futuro; eso es algo que hemos expresado que es lo más importante de esta investigación”.

MÁS INFORMACIÓN

Para denunciar a notarios fraudulentos o si usted piensa que ha sido víctima de fraude puede llamar al 311.

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