Exsenadora Córdoba demanda al Estado

Piedad Córdoba habla como portavoz del movimiento 'Marcha Patriótica'.

Piedad Córdoba habla como portavoz del movimiento 'Marcha Patriótica'. Crédito: ap

BOGOTA — La exsenadora Piedad Córdoba inició un proceso administrativo contra el Estado colombiano por más de $3 millones para que se le reparen los daños que sufrió como víctima de una red de espionaje durante el gobierno del expresidente Alvaro Uribe, informó ayer su abogado.

El jurista Luis Guillermo Pérez explicó que la demanda fue radicada hace aproximadamente un mes por un monto superior a los $3 millones.

Pérez advirtió, sin embargo, que Córdoba no pretende lucrar con el dinero en el evento de que la demanda prospere. “Ella lo ha dicho claramente en la demanda: ella lo que pretende con los recursos que se llegaran a recibir con la indemnización a que tendría derecho es que fuesen para las comunidades desplazadas del Pacífico para construir viviendas a personas que no las tienen”.

El abogado agregó que está programada una diligencia en la Procuraduría General para tratar de llegar a una conciliación entre su defendida y las entidades del Estado demandadas, pero aclaró que Córdoba se encuentra fuera del país. Si cuando se cumpla la audiencia no hay un acuerdo, el proceso entonces pasaría al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, donde un fallo definitivo demoraría no menos de tres años.

En febrero de 2009 medios locales denunciaron que desde el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), la policía secreta, se les hacía seguimientos ilegales y se escuchaba ilícitamente las conversaciones telefónicas a magistrados de la Corte Suprema, periodistas, activistas y en general a los opositores del gobierno de Uribe (2002-2010), entre ellos a Córdoba.

Dos de los más cercanos colaboradores de Uribe, su secretario general, Bernardo Moreno, y una exdirectora del DAS, María del Pilar Hurtado, actualmente enfrentan un juicio en la Corte Suprema por el caso de espionaje.

Pero Hurtado consiguió a fines de 2010 asilo en Panamá con el argumento de que en Colombia no tenía las suficientes garantías para enfrentar una investigación penal. Moreno, en tanto, recuperó recientemente su libertad aunque sigue vinculado al proceso.

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