Surge división en el Senado

WASHINGTON, D.C.— La coalición de legisladores detrás del proyecto de ley para una reforma migratoria mostró sus primeras grietas ayer. La tensión política ha subido, mientras el Comité Judicial inició el debate sobre la legalización de los indocumentados.

Tras una intensa jornada, los 18 legisladores entraron a la recta final. Hasta ahora, los cuatro autores de la propuesta sobre reforma migratoria —que están presentes en el comité— se habían alineado para derrotar ciertas enmiendas.

Pero ayer hubo áreas donde los votos se dividieron por partido. La primera, quería asegurar que criminales de alto riesgo, incluyendo personas vinculadas con violencia doméstica y que conducen bajo la influencia del alcohol, no tengan acceso a la legalización.

Los senadores Jeff Flake (R-AZ) y Lindsey Graham (R-SC) se alinearon con su partido en este tema. También lo hicieron cuando se debatió el acceso de inmigrantes legalizados a créditos tributarios y la obligación de que este grupo revele todos los números de seguro social que han utilizado para obtener empleo en Estados Unidos.

Esto se traduce en que los senadores no consideran que las enmiendas son parte del corazón de la propuesta. “Me preocupa que se hayan dividido en estos temas, porque eso indica que estos puntos pueden volver a aparecer en el debate más adelante”, dijo Frank Sharry, director ejecutivo de Americas Voice.

Flake y Graham combatieron una iniciativa que hubiera eliminado la posibilidad de que personas que han sido deportadas puedan volver al país y habría autorizado al gobierno a deportar a individuos en medio del proceso de legalización.

Por otra parte, grupos proinmigrantes lamentaron que se aprobara una medida que requerirá un chequeo de seguridad adicional para inmigrantes que vienen de ciertas regiones asociadas con organizaciones terroristas.

Saliendo de lo usual, el Comité Judicial entregó un amplio apoyo a dos propuestas. La primera buscaba convertir en delito agravado tres condenas por conducir bajo los efectos del alcohol. Al menos una de ellas registrada después de la promulgación de una reforma migratoria.

Hasta ahora el único voto unánime del grupo fue para una enmienda que protege a niños cuyos padres están en proceso de deportación. La medida fue presentada por Al Franken (D-MN) y exige una serie de cambios, entre ellos tener llamadas y visitas de sus hijos, además de cumplir con citas en la corte familiar durante la detención.

“Lo que hacemos en la ley de inmigración refleja lo que somos como personas y país. Todos proclamamos nuestro respeto a los valores familiares”, aseguró el presidente del Comité Judicial Patrick Leahy (D-VT).

El grupo aceptó un plan piloto para identificar con huellas digitales a las personas con visa que salen del país. Este se implementaría en los 10 aeropuertos principales, y tras seis años se extendería a otros 30.

También se propuso que agencias como la Patrulla Fronteriza y el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) compartan datos con otras agencias de seguridad respecto a quienes permanecen en el país, aunque sus visas hayan expirado.

Finalmente, grupos proinmigrantes elogiaron las medida aprobadas, que favorecerán a víctimas de violencia doméstica y tráfico de personas. Una enmienda presentada por Leahy le otorgaría permiso de trabajo a las personas elegibles para visas VAWA, T y U.