Fallas del FBI limitan empleo
Revisión de antecedentes está lleno de errores burocráticos

Personas llenan solicitudes de empleo en un centro laboral de Los Ángeles. La ley prohíbe la contratación de personas con antecedente criminal que pueda afectar el desempeño de su labor. Crédito: J. Emilio Flores La Opinión
WASHINGTON, D.C. Raquel Vanderpool cuida a ancianos como asistente de enfermería, pero cuando tenía 20 años cambió la cantidad de analgésicos que le habían prescrito para un problema dental. Esa decisión le cambió la vida y futuro laboral.
En esa ocasión Vanderpool fue arrestada mientras se hacía la investigación, pero al final logró conservar su empleo. Sin embargo, un cambio en la ley requirió que se le revisara sus antecedentes con los récords del FBI y su ofensa fue descrita como una condena, a pesar de que sus cargos fueron desestimados y se selló su récord. Aunque su empleador quería mantenerla, se vio obligado a echarla.
La ley federal prohíbe la contratación de una persona que tenga un antecedente criminal que pueda afectar el desempeño de su labor, pero errores en los datos le han costado el trabajo a miles de personas.
Una vez que la información esta en la base de datos del Buró Federal de Investigaciones (FBI), los empleadores la toman como fidedigna y si esta es negativa, como en el caso de Vanderpool, le corresponde al individuo comprobar que es inocente. Mientras tanto, aclarar sus nombres toma tiempo, dinero y el empleo.
Con tantos solicitantes disponibles para una vacante hoy en día, los empleadores simplemente no quieren arriesgarse y pasan al siguiente en la lista. Para cuando Vandepool pudo aclarar el error, ya era demasiado tarde y no recuperó su trabajo.
Ella estuvo desempleada por cuatro años, su familia perdió su casa y dependió de la asistencia federal para mantenerse. “Apliqué a muchos empleos, pero nada resultó. Tuve varias entrevistas pero me encontré con muchas calles sin salida. Esto fue muy difícil para mí y mis hijos”, aseguró Vanderpool. “Le he tenido que pedir dinero a mi familia. Perdí las ganancias de cuatro años de salario”, comentó.
Finalmente ganó su caso en marzo de 2013 y comenzó a trabajar nuevamente en abril. “Cuando me enteré estaba inmensamente feliz, luego de todos estos años de luchar por mis derechos.” Después de todos sus problemas y la larga espera, no recibió un centavo del Gobierno que la compensara por el error.
Fallas como esta en los registros del FBI, asociados a chequeos de antecedentes para calificar a empleos, no son casos aislados. Un estudio del National Employment Law Project (NELP) mostró que anualmente 1.8 millones de trabajadores son sometidos a chequeos que incluyen información incompleta o errónea y 600 mil de ellos se ven perjudicados en su búsqueda de empleo, afectando desproporcionadamente a afroamericanos y latinos. Además, aseguró que un 50% de los récords fallan en incluir información sobre la resolución del caso, como le ocurrió a Vanderpool.
En general los trabajos que requieren la toma de huellas digitales someten a sus candidatos a un chequeo de antecedentes, que utiliza la información del FBI.
El FBI dice que corresponde a los estados asegurarse que la información que proveen de los individuos con antecedentes penales es exacta y completa.
Según datos del FBI, sólo en 2011 se arrestó 12,408,899 personas. Entre ellas, sólo 534,704 habían cometido crímenes violentos. Actualmente la agencia cuenta con el récord criminal de 75 millones de personas.
“Los hispanos y afroamericanos tienen una mayor probabilidad de ser afectados por este problema, ya que sus tasas de aprehensiones son mucho mayores que las de la población caucásica”, explicó la abogada de NELP Madeline Neighly, una de las autoras del reporte.
En los últimos cinco años, la agencia ha efectuado un promedio de 14.4 millones de revisiones para calificar en empleos.
Esto representa un aumento considerable frente a los 5.3 millones de chequeos realizados entre 2003 y 2007, con los mismos fines.
Otro reporte del Departamento de Justicia elaborado en 2010 indicó que al menos 2 de 5 récords del FBI no contenían la resolución final de los casos en 27 estados del país.