Guatemala anuncia guerra y muertos

Dice el refrán que, “en guerra anunciada no hay muertos”. Pero este 26 de noviembre, el ministro de Gobernación de Guatemala, Mauricio López Bonilla, advirtió que al final de 2013 habrá 200 más homicidios que en 2012. Es decir, anunció los muertos, además de la guerra—porque el nivel de violencia actual en Guatemala no es otra cosa. Algunos expertos incluso estiman que el número promedio anual de muertes violentas desde 1996 supera al del conflicto armado (que acabó ese año).

Según López Bonilla, 2013 cerrará con un estimado de 5,374 homicidios. En promedio, esto significaría 15 muertes por día. El funcionario lo atribuyó a la “proliferación de armas ilegales” en Guatemala. Nada nuevo. Hace años, ocho de cada diez homicidios involucran armas de fuego (por lo general) robadas a propietarios que las portaban legalmente, o introducidas de contrabando al país.

Pero el ministro decidió “al mal paso darle prisa”, especialmente porque el “compromiso” de campaña política del actual partido oficial fue proveer más seguridad. No se esperaba que una administración de cuatro años detuviera males viejos, pero sí que hubiera una leve mejoría. En cambio, hubo un retroceso.

El número de homicidios había disminuido entre 2010 y 2012, el primer año del gobierno actual. Algunos diputados de oposición lo atribuyeron a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), y a las leyes que impulsó y permitieron una mejor persecución penal. Pero entonces, ¿qué sucedió este año?

Para 2009, la CICIG estableció que muy poco se conocía específicamente del tráfico ilegal de armas. Casi todos los casos estaban ligados al narcotráfico, o al narcomenudeo (en manos de pandillas juveniles). Y desde entonces poco ha cambiado. El gobierno actual atribuye a las pandillas la mitad de los homicidios, que abarcan pandilleros, o personas asesinadas como un rito de iniciación, que rehusaron pagar una extorsión, o murieron por balas perdidas.

¿Pero de dónde salen las armas? El 35% de las que la policía decomisa proviene de EE.UU., de contrabando, por las fronteras vulnerables y la incapacidad gubernamental (desde EE.UU. hasta Guatemala) de romper las redes de trasiego. Otras provienen de robos internos en instalaciones militares, o de traficantes libaneses que venden armas al narcotráfico en México o Colombia. Lo que no se explica es, si proliferan las armas ilegales en Guatemala, ¿por qué en 1997 hubo 2,415 detenidos por portación ilegal de arma de fuego y—15 años después—en 2012 sólo hubo 528 más (2,943)? Un incremento similar se veía sólo de un año a otro en los 90.

En 2000, el Ministerio de Gobernación estableció que un narcotraficante en Guatemala proveyó armas a una mortal banda de secuestradores y asaltantes de bancos que escaparon de la cárcel. En 2009, autoridades estadounidenses descubrieron que el mismo narcotraficante, su familia y otro grupo enviaron dinero a un contacto en Tennessee, EE.UU., que les compró armas de fuego que llevó de contrabando a Guatemala. Una parte la recibió la familia Lorenzana que, con tres miembros capturados y extraditables a EE.UU., todavía recibe droga sudamericana y la envía a México, donde es enviada a EE.UU.

Así, el gobierno de Guatemala se queda corto en explicaciones. Desde 1996, la cifra de homicidios sube y baja según la efectividad o ineptitud de las autoridades, o del crimen organizado. La reducción podría significar que el sistema de justicia funciona, o que hay baja conflictividad entre los grupos criminales, y entre estos y las autoridades, porque hay corrupción.

El incremento también puede reflejar los choques entre criminales y autoridades incorruptibles, o un desacuerdo en el precio de hacerse de la vista gorda. ¿Cuál es el caso en Guatemala? Los datos hablan por sí solos. Mientras tanto, nadie quiere estar entre quienes, según López Bonilla, inevitablemente habrán muerto para el próximo 1 de enero.