Dominicana rechaza informe sobre ciudadanía de haitianos

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos del organismo cuestionó el impacto de la sentencia del Tribunal Constitucional que despoja de nacionalidad a hijos de inmigrantes

Dominicana rechaza informe sobre ciudadanía de haitianos
Álvaro Botero, es uno de los miembros de CIDH, que escuchó, aproximadamente, 3,994 denuncias por parte de haitianos desnacionalizados.
Foto: Archivo

Santo Domingo – La administración del presidente Danilo Medina manifestó “disconformidad” y “desagrado” con el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que le advierte que no puede exigir a los “desnacionalizados” de ascendencia haitiana registrarse como extranjeros para seguir viviendo en suelo dominicano.

“Tras conocer el comunicado del CIDH, la Cancillería manifiesta su disconformidad y desagrado con el informe vertido, por considerar que muestra una versión subjetiva, parcial y unilateral acerca de la realidad de nuestro país”, indicó el Gobierno de Medina en un comunicado emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores.

La CIDH, de la Organización de Estados Americanos (OEA), que estuvo en el país en los pasados días, escuchó denuncias de supuestas violaciones de derechos humanos de 3,994 personas. Los comisionados investigaron el impacto de la sentencia del Tribunal Constitucional que despoja de nacionalidad a hijos de inmigrantes haitianos que ya tenían ese derecho.

“La Comisión Interamericana recibió durante la visita información preocupante sobre graves vulneraciones al derecho a la nacionalidad, a la identidad, a la igualdad ante la ley, y a la no discriminación”, indicaron los comisionados en su informe provisional.

El reporte desató críticas que incluyeron las del cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez, quien aseguró que “a este país hay que respetarlo, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos no tiene nada que meterse, aquí mandamos nosotros y sabemos cómo debemos hacer las cosas”.

El documento, divulgado este sábado, reconoce que “si bien es cierto que en el país pueden registrarse manifestaciones de racismo e intolerancia, éstas son siempre expresiones de particulares y en ningún caso reflejan posiciones compartidas por ninguna de las instituciones representativas dominicanas, ni por la mayoría de su población”.

Sostiene que a menos de dos meses de que se conociera el fallo dictado el pasado 23 de septiembre, el Gobierno ha puesto en marcha en tiempo récord el proceso de regularización y “planteará otras medidas adicionales que permitirán llevar una solución coherente, justa y apegada a los derechos humanos a todas las personas afectadas por la misma”.

“Reiteramos, además, nuestra firme voluntad de seguir trabajando, dentro del cumplimiento de nuestro régimen constitucional, para que la sentencia no altere el compromiso del país y de su Gobierno con el más estricto respeto por los derechos humanos y adquiridos de todas las personas que habitan en nuestro territorio”, indica el comunicado.