Inmigrantes pueden negarse a cooperar con ICE, según estudio

Denver, Colorado – El pedido de mantener detenidos a indocumentados por parte de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) “es ilegal”, según un estudio que afirma que las jurisdicciones que no quieran participar del programa federal Comunidades Seguras tienen razones legales para negarse a hacerlo.

En un artículo publicado recientemente por el Centro de Políticas Inmigratorias (IPC, en inglés), Christopher N. Lasch, profesor asistente en el Colegio de Abogacía “Sturm” en la Universidad de Denver, explicó que, en su opinión, el pedido de mantener a los inmigrantes detenidos “es ilegal”.

“Ante todo, las órdenes de detención de inmigrantes (immigration detainers, en inglés) permiten en arresto de inmigrantes donde el Congreso no lo ha autorizado”, dijo Lasch a Efe.

Lasch puntualizó que “el Congreso ha aprobado cuidadosamente los requisitos para un arresto de inmigración”, pero, a la vez, “las órdenes de detención extendida de inmigrantes van mucho más allá tanto de la autoridad de arresto federal como de la autoridad de arresto local”.

“En segundo lugar, esos ‘detainers’ crean sustanciales problemas con respecto a la Cuarta Enmienda”, es decir, la enmienda de la Constitución de Estados Unidos que prohíbe “detenciones irrazonables” y que requiere que los arrestos se realicen con una orden judicial que explique la “causa probable” que lleva a ese arresto.

“Como lo dijo una corte federal de distrito, los ‘detainers’ básicamente ‘autorizan el arresto sin órdenes de arresto de personas con respecto a temas o conductas que no son criminales'”, comentó Lasch.

Los “detainers”, según la definición provista por Lasch, son “un pedazo de papel emitido por agentes de inmigración por el que se le pide a agentes de otra fuerza de seguridad que mantengan en custodia a un prisionero que podría quedar en libertad y que transfieran a ese prisionero a los agentes de inmigración”.

La respuesta usual de las agencias de seguridad estatales o locales es mantener al inmigrante prisionero detenido hasta que lleguen los agentes de inmigración. Sin embargo, dijo Lasch, “la resistencia de autoridades estatales y locales a los ‘detainers’ está creciendo rápidamente”.

Para Lasch, los “detainers” son “una herramienta clave en la nueva era de cumplimiento de leyes migratorias en la que vivimos” y son usados en el marco del programa federal Comunidades Seguras para que el Gobierno federal pueda capturar a los inmigrantes que busca deportar.

En 2006, según estadísticas provistas por Lasch, se emitieron 15,000 “detainers” en todo ese año. Durante la aplicación del programa Comunidades Seguras a nivel nacional, entre octubre de 2011 y enero de 2013, se emitieron más de 350,000 “detainers”.

“El número récord de deportaciones en los últimos años no hubiese sido posible sin los ‘detainers'”, puntualizó el académico.

Por eso, importantes ciudades (Nueva York, Chicago, San Francisco y Seattle), dos populosas jurisdicciones (el condado de Miami-Dade y el californiano condado de San Bernardino) y dos estados (California y Connecticut) han aprobado medidas que limitan la obligación de las autoridades locales de responder a los “detainers” federales.

En su opinión, las jurisdicciones que “quieran salirse de hacer cumplir las leyes inmigratorias tienen una sólida base legal para hacerlo”.

Ese derecho proviene de la Décima Enmienda, que impide que el Gobierno federal le ordene a la policía local cómo actuar.

Los argumentos que Lasch enumera en su artículo son técnicos y de carácter legal, basados sobre todo en decisiones de la Corte Suprema federal sobre cambios en las leyes migratorias en los últimos veinte años.

Según el máximo tribunal estadounidense, esos cambios “han hecho que la drástica medida de la deportación sea ahora virtualmente inevitable para un gran número de no ciudadanos convictos de crímenes”.

Pero no son solamente los inmigrantes con antecedentes criminales quienes se ven afectados por detenciones prolongadas. Según el profesor, el 75 % de los indocumentados con “detainers” en los últimos cuatro años no eran criminales.

“Los ‘detainers’ tienen un amplio impacto negativo en la comunidad inmigrante y también causan daños a los ciudadanos estadounidenses. Y además interrumpen la forma normal de trabajo del sistema judicial”, concluyó.