Texas sobre el derecho
De nacionalidad mexicana, Tamayo, 46 años, fue condenado a la pena capital por el asesinato del agente de la policía de Houston, Guy Gaddis ocurrido en 1994
Pena Capital
El Estado de Texas debió evitar la ejecución de Edgar Tamayo el pasado 23 de enero. De nacionalidad mexicana, Tamayo, 46 años, fue condenado a la pena capital por el asesinato del policía de Houston, Guy Gaddis ocurrido en 1994. Sin embargo, tras su arresto, las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley nunca informaron a Tamayo de su derecho a recibir asistencia y protección por parte de las autoridades consulares mexicanas como lo establece la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, un tratado internacional del que Estados Unidos es parte.
La defensa de Tamayo agotó hasta la última instancia ante la Corte del Distrito Oeste de Texas para detener la ejecución. Días anteriores, solicitaron al gobernador de Texas, Rick Perry, suspender la ejecución y gestionaron una petición ante la Junta de Indultos y Libertad Condicional de Texas para conmutar la pena de muerte por cadena perpetua. No hubo éxito.
El Gobierno mexicano se opuso a la ejecución y el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, en una carta dirigida al gobernador de Texas, expresó que con la ejecución de Tamayo, las relaciones entre Estados Unidos y México podrían poner en peligro el derecho de los estadounidenses a contactar a sus funcionarios consulares si son detenidos en el extranjero. El derecho internacional se opone a la decisión del gobernador de Texas. En virtud del llamado “Fallo Avena”, dictado por la Corte Internacional de Justicia, órgano judicial superior de las Naciones Unidas, en 2004, Estados Unidos debe reconsiderar las sentencias de pena capital impuestas a otros 50 mexicanos. Pero el fallo, establecido hace una década, no ha detenido a Perry. La Corte Suprema tiene una laguna legal que usa a su favor. La Corte dictaminó en 2008 que, si bien la Convención de Viena establece una obligación legal vinculante para los Estados Unidos, se requiere una legislación para que la resolución de la CIJ se ponga en práctica en los tribunales estadounidenses. En medio del debate en torno al acceso consular de los ciudadanos extranjeros condenados a muerte, Perry se ha autoproclamado defensor de la ley de Texas sobre el derecho internacional. Pero, la ejecución de Tamayo, no competía únicamente a la ley internacional, también a los derechos humanos fundamentales y las garantías constitucionales.
La obligación de notificación consular es una protección esencial del debido proceso y el debido proceso legal es un derecho consagrado en la Constitución. Las oficinas consulares pueden ayudar a proveer asistencia y representación jurídica.
Human Rights Watch se opone a la pena de muerte en todos los casos pues atenta contra la dignidad de las personas. Dieciocho estados de Estados Unidos y el Distrito de Columbia han abolido la pena de muerte. Para respetar el debido proceso y los derechos humanos, el Estado de Texas debería haber conmutado la pena de muerte impuesta a Tamayo.
