Grandes firmas de EEUU rechazan ley anti-gay de Arizona

Washington – Grandes firmas estadounidenses como el gigante tecnológico Apple, la compañía aérea American Airlines y la prestigiosa cadena hotelera Marriott, pidieron a la gobernadora de Arizona, Jan Brewer, que vete una ley que permite a los empresarios acogerse a sus creencias religiosas para negar servicios a los gay.

Las cartas y llamadas de estas tres grandes compañías, que alertaron de las consecuencias negativas de la ley en la economía del estado, son parte de las más de 10,000 comunicaciones que recibió la oficina de la gobernadora republicana durante el lunes, informó una portavoz de su equipo.

El parlamento estatal de Arizona aprobó la semana pasada esta controvertida ley que, en la práctica, ampara legalmente a los dueños de negocios para que puedan aducir razones de fe si, como ya ha ocurrido en otros estados, sus clientes gay les demandan por haberse negado a atenderles.

Apple, que está a punto de abrir una gran fábrica en Mesa (Arizona) y Marriott, con hoteles en todo el país, advirtieron a la gobernadora del daño que puede hacer a la economía del estado, que lucha por recuperarse tras la recesión, una ley que restringe el acceso de los gay a los servicios.

“La medida tendría un profundo impacto negativo en la industria hotelera de Arizona y en la situación económica general del estado durante los años venideros”, afirmó Marriott en un comunicado.

Por su parte, American Airlines, recordó los duros años de la recesión económica en Arizona y subrayó: “Nuestra economía crece mejor cuando las puertas del comercio están abiertas para todos. Esta ley envía un mensaje equivocado”.

El derecho a objetar y no participar en celebraciones matrimoniales de parejas del mismo sexo sólo lo tienen por el momento en Estados Unidos las autoridades y organizaciones religiosas, pero la medida que está en la agenda de los parlamentos estatales de Arizona, Tennessee y Oregón quiere extenderlo al sector privado.

Esta norma, que ha vuelto a enfrentar a los sectores más conservadores con los defensores de los derechos de los gays, está ahora en manos de Brewer, conocida por sus duras políticas contra los inmigrantes, que tiene hasta el fin de semana para tomar una decisión.

Que la firme o no es todavía una incógnita, puesto que a pesar de su conservadurismo el año pasado vetó una iniciativa similar con el argumento de que no era más que una distracción de las verdaderas prioridades que debía abordar el parlamento del estado, como el presupuesto anual.

La norma no sólo ha despertado el rechazo de los sectores progresistas y de los defensores de los derechos humanos, sino que ha molestado también a numerosos ciudadanos de Arizona, cansados de que su estado esté siempre en el centro de las polémicas más espinosas y temerosos de que se repita una situación similar al boicot que ya sufrieron los empresarios a raíz de la dura y controvertida ley de inmigración que aprobó su parlamento.

Por otra parte, el secretario de Justicia de EE.UU., Eric Holder, dijo este lunes que los fiscales federales podrán negarse a defender las leyes de sus estados que prohíban el matrimonio entre personas del mismo sexo si consideran que son discriminatorias.

Holder hizo estas afirmaciones en una entrevista en “The New York Times”, horas antes de la conferencia que tiene este martes con la Asociación Nacional de Fiscales Federales, y en un momento en el que en 24 estados hay demandas pendientes para legalizar los matrimonios entre personas del mismo sexo.

Es un gesto poco habitual que el fiscal general aconseje a los fiscales federales bajo qué circunstancias tienen que rechazar o defender una ley estatal.

El argumento de Holder es que un fiscal general debe “aplicar el más alto nivel de escrutinio” a la hora de decidir si defiende una ley que puede afectar a un derecho constitucional como, en el caso de las normas que prohíben el matrimonio gay, la protección en condiciones de igualdad.

Holder, que precisó que en ningún caso la decisión debe ser política, se negó en 2011 a defender una ley federal en este sentido, lo que contribuyó a que el Tribunal Supremo la declarara inconstitucional.

Hasta ahora seis fiscales federales, todos demócratas, se han negado a defender leyes estatales que prohíben el matrimonio entre personas del mismo sexo, lo que ha soliviantado a los republicanos, quienes esgrimen que por su cargo tienen el deber de defender las leyes del estado, estén o no de acuerdo con ellas.

Sin embargo, Holder, el primer fiscal general afroamericano, considera que la defensa de los derechos de los gays es la continuación de los movimientos contra la discriminación racial en los años 50 y 60.

Las parejas gays de Estados Unidos pueden casarse en 17 estados y el Distrito de Columbia (donde está la capital, Washington) y en 24 hay demandas pendientes para legalizar los matrimonios entre personas del mismo sexo.

A pesar del progreso en este sentido, sobre todo a partir de una sentencia histórica del Tribunal Supremo el año pasado, en los estados más conservadores se continúan proponiendo o siguen vigentes leyes que limitan los derechos de los gay.