Supremo analiza pena de muerte para discapacitados
Determinarán si el coeficiente intelectual sería suficiente para decidir la ejecución de un condenado
Houston – La Corte Suprema de Justicia de EEUU podría determinar cambios significativos para personas con discapacidad mental que están condenados a muerte, luego que este lunes reviviera el debate, esta vez asociado a una legislación estatal en Florida.
La definición de discapacidad mental es una discusión abierta en el país, luego que el Tribunal Supremo determinara en 2002 que era inconstitucional ejecutar a estas personas. El problema es que dejó a los estados el poder de definir cómo se determina la discapacidad.
Este lunes la corte analizó por una hora el caso “Hall versus Florida” donde se cuestionó si un estado (Florida) puede usar un coeficiente intelectual específico, en este caso 70, como base para las ejecuciones.
“La normal estatal nos impide tener una mejor comprensión respecto a si una puntuación de coeficiente intelectual es precisa o no”, aseguró el juez Anthony Kennedy.
“Un acusado puede querer decirle a un juez que la puntuación de coeficiente intelectual tiene un margen de error ¿qué hay de malo en eso?”, dijo el juez Stephen Breyer.
La decision de la Corte Suprema determinará si Freedie Lee Hall acusado de matar a una mujer embarazada en 1978, puede o no seguir con vida, a pesar de tener un coeficiente intelectual mayor a 70. Su defensa argumentó que hay otras evidencias a considerar y que indican su discapacidad mental.
El juez Antonin Scalia, de tendencia conservadora, recapituló el asesinato y los pasos necesarios para llevarlo a cabo, como un indicativo de que se debe tener cierta capacidad mental para concretarlo.
Estados como Texas consideran funcionamiento intelectual significativamente inferior, junto a limitaciones en el proceso de adaptación funcional, que sean aparentes antes de los 18 años, para determinar discapacidad mental. Sin embargo, este sistema también ha sido altamente criticado, ya que deja la responsabilidad a los jueces locales.
Se espera que la Corte Suprema entregue su veredicto en junio próximo.
