Escándalos mexicanos

México

Estalló el escándalo sobre la línea 12 del metro de la Ciudad de México. Muchos han jugado con la noción de que es una línea dorada y se regodean bajando la calidad del metal en el discurso, como si eso fuera relevante.

Muchos aprovechan para acribillar a Marcelo Ebrard y terminar con la porción de la izquierda que le gusta a la derecha. Creo que a Marcelo le hace un flaco favor cuando un lector de noticias de radio, cuyos comentarios son derechistas, le aplaude rabiosamente a esa izquierda moderna. Si como parece, sus enemigos aprovecharán el desbarajuste de la L12 para sacarlo de la jugada, la derecha se quedará sin candidato cómodo de izquierda. La pregunta está de más, el incómodo es López Obrador, es un izquierdista poco moderno, aunque haya salido de la izquierda del PRI.

El escándalo de la L12 es muy interesante. Por un lado es un consorcio de dos grandes empresas nacionales, asociadas con un extranjero. En los medios no se dice que parte del proyecto tenía que hacer cada uno de los socios, ¿será que los nacionales no tenían experiencia en ese tipo de obra y por eso trajeron a uno que sí sabía? Si es así, ¿por qué no mejor darle la chamba completa al extranjero? Aunque lo que parece que falló es parte de la ingeniería civil que en el país está muy desarrollada. Otros dicen que se cambiaron las especificaciones de las ruedas. ¿Habrá alguna consecuencia contra el que provocó tal desaguisado?

Dice el gobierno que una cuarta empresa, extranjera, certificó que la obra estaba bien terminada. ¿Entonces quién metió la pata? ¿Los cuatro? ¿Quién es responsable? Determinar esto último es muy importante porque alguien debe pagar. ¿Hay alguna consecuencia si la certificadora se equivocó?

El Gobierno ya contrató a una quinta empresa para que empiece a reparar, ¿entonces dónde queda la responsabilidad del consorcio constructor? Antes nos dijeron que había una garantía para reparar vicios ocultos. Las empresas dicen que no. ¿Quién miente?, ¿quién paga?

Pero no vaya usted a creer que estos escándalos son únicos. Una gran empresa constructora construyó un puente en la frontera norte y al vencer la concesión, le solicitó al Gobierno que ampliara el plazo de la misma porque fallaron sus cálculos y no había tenido las ganancias programadas. El Gobierno amplió la concesión por un par de décadas. Ya quiero ver que yo abra un negocio y le diga al Gobierno que me auxilie, porque calculé mal el flujo de clientes y no gané lo que esperaba. ¿Por qué el Gobierno protege a los grandes empresarios a costa de todos los demás ciudadanos?

Un gobierno municipal, usaba el recurso de partir las obras para que ninguna de sus porciones rebasara los montos que la ley exige para concursar, de esa manera se hacían asignaciones directas. El modelo funcionaba muy bien hasta que un buen día se cayó un puente, al parecer los tres contratistas fallaron. Adivina usted bien querida lector, no hubo ninguna consecuencia.

El costo de la L12, por supuesto, como ya es común superó lo autorizado. ¿Acaso no es irregular que las grandes obras, y algunas no tan grandes, superen el presupuesto original, con el que la empresa, en este caso tres, ganan un concurso. ¿Para qué queremos concursos si al final de cuentas, las empresas terminan cobrando lo que se les da la gana?

¿Acaso las empresas que concursan tienen proyectistas y calculistas tan malos que se equivocan por cifras superiores al 20% del monto con el que ganaron? Si los calculistas son malos, podemos sospechar que el nivel técnico de las empresas no debe ser muy bueno, ¿se dará cuenta el Gobierno de un dato tan básico?

Es verdaderamente preocupante que esta práctica de los sobrecostos esté generalizada, aunque no se conocen otros casos de obras tan mal hechas. O ya metidos en gastos de la desconfianza total, ¿debemos pensar que nos los esconden?

El país se ha metido de lleno en el problema de la corrupción, todos los políticos nos prometen que van a terminar con ella. Llevamos más de una década con instancias que regulan la transparencia, lo que busca reducir la corrupción, pero hasta la nueva reforma constitucional se podrá exigirle cuentas a los contratistas que trabajan con fondos públicos y que porfían en prácticas opacas.

Una universidad convocó a concurso la construcción de un edificio, en la primera ronda descalificaron a todos por errores de ortografía; en la segunda ronda sucedió lo mismo; y como la ley autoriza que en la tercera ronda se a$igne el contrato por invitación, imagínese que se lo habrá llevado un SSSamigoSSS. Aunque esto no necesariamente implica mala calidad de la obra, de la que nos salvamos, ¿verdad?