Impuestos a compras por Internet desata controversia en Dominicana

Santo Domingo — Tres entidades de la sociedad civil sometieron ante el Tribunal Superior Administrativo una acción constitucional de amparo preventivo contra una medida de la Dirección General de Aduanas que busca aplicar impuestos a las compras por Internet inferiores a los 200 dólares.

La Alianza Dominicana de Defensa de los Consumidores y Usuarios (Asodecu), la Fundación Justicia y Transparencia (FJT) y la Cámara Dominicana de Comercio Electrónico (Cadolec) condenaron “la irracionalidad e imprudencia” de la medida anunciada por el director de Aduanas, Fernando Fernández, la cual entrará en vigencia a partir del día 15 de este mes.

Fernández alega que el negocio de los “couriers” que traen mercancías exentas del pago de impuestos por tratarse de compras de menos de 200 dólares se “salió del control” de las autoridades. El funcionario alega que por esa razón, el Estado dejará de percibir 5,600 millones de pesos (130.2 millones de dólares) durante todo este año.

Felipe Herrera y Trajano Vidal Potentini, presidentes de Asodecu y la FJT, plantearon que Fernández desconoce la autoridad del Poder Ejecutivo y usurpa funciones del Congreso Nacional, además de cargar de paso a amplios sectores del país “con más y más impuestos”.

“El amparo depositado se fundamenta en la amenaza e inminencia de diversas violaciones, evidenciadas en las pretensiones del director de Adunas cuando anunciara y reiterara a los medios de comunicación su decisión de gravar con impuestos ilegales todas las compras generada vía el comercio electrónico, independientemente del valor envuelto en la operación”, indicaron las entidades.

Plantearon que la medida viola el Decreto 402-05, del 26 de julio de 2005, así como la Ley 277-12 y la 358-05, sobre derechos del consumidor o usuario.

También, los artículos 93 y 53 de la Constitución, que establecen la capacidad y facultad exclusiva del Congreso para crear impuestos y consagran la protección de los consumidores o usuarios como un derecho fundamental.

Las organizaciones alegan que Aduanas viola además el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos (DR-CAFTA), que en su capítulo 11.13.1 letra d), crea entre diferentes “Compromisos Específicos”, el que ninguna de las partes, ni de Centroamérica ni de República Dominicana “adoptará o mantendrá ninguna restricción a los servicios de envío urgente que no se encuentre vigente en la fecha de suscripción de este Tratado”.

Herrera emplazó a la Defensoría del Pueblo y a Pro-Consumidor para que jueguen su rol en beneficio del respeto a los derechos de la colectividad. Al tiempo, anunció que demandará a ambas instituciones en intervención voluntaria para que sea parte del referido proceso de amparo, “y que de cara al país definan acciones y fijen posición”.

También llamaron a los países miembros del DR-CAFTA, en especial a Estados Unidos, “para que exijan y vigilen el cumplimento del tratado, hoy día amenazado y desconocido por Aduanas”.

Las entidades anunciaron que en los próximos días encaminarán otras acciones en contra el director de Aduanas, en caso de que “se mantenga renuente a dejar sin efecto la grosera y abusiva medida”.