Personal de NYPD se siente abandonado por Gobierno municipal
Casos como el de Eric Garner intensifican debate sobre proceder de la Policía
El NYPD considera que las críticas de la comunidad son injustas porque el uso de la fuerza ha disminuido significativamente en los últimos 20 años. Crédito: Mariela Lombard / EDLP
@MarleneRPeralta
Sin dejar de reconocer errores y excesos en el uso de la fuerza, muchas de esas voces apuntan a un debate mayor sobre la filosofía policial de la administración, un debate que hasta ahora ha girado alrededor de la utilidad o no de la teoría de “ventanas rotas”, pero que muchos uniformados creen que abarca toda su labor.
La muerte de Eric Garner, el pasado 17 de julio, cuando un grupo de oficiales intentaba detenerlo y uno de ellos le aplicó una llave de estrangulamiento—práctica prohibida por los reglamentos policiales—, marcó un punto decisivo en este proceso. El hecho generó una indignación generalizada en la sociedad, acusaciones de racismo contra la Policía y movilizaciones de protesta. Pero dentro del NYPD generó una reacción opuesta: la de abroquelarse alrededor de lo que sienten es un ataque injusto por hacer lo que ellos consideran su trabajo.
“Sin el apoyo del público y de nuestros líderes electos, y en medio de un ambiente anti-policial, muchos buenos policías optarán por jubilarse”, señaló a El Diario/La Prensa Dennis González, presidente de la Sociedad Hispana del NYPD.
Días atrás, González dio a conocer un duro comunicado cuestionando declaraciones del alcalde Bill de Blasio luego del desfile de la comunidad de las Indias Occidentales. De Blasio dijo que a pesar del reporte de un muerto y cuatro heridos en distintos disturbios, el evento fue “extraordinariamente seguro”. “Desde el punto de vista de las fuerzas del orden, especialmente las asignadas a este evento”, replicó González, “una sola pérdida de vida es inaceptable”.
Aunque muchos oficiales están decepcionados con el alcalde por lo que califican como un débil apoyo a la Fuerza luego de la muerte de Garner, las mayores críticas apuntan al Concejo Municipal.
Ed Rodríguez, presidente de la Asociación de Oficiales Dominicanos, comentó que muchos de sus miembros han notado que todo lo que sale del organismo son críticas hacia la Uniformada. “Si no se dice que se apoya a los policías no se sabe”, declaró.
Un momento clave en la génesis de este descontento fue la Ley de Seguridad de la Comunidad, aprobada por el Concejo en junio de 2013 para poner freno a la controversial práctica policial de detención y cacheo (stop and frisk). La ley—que también creó la Oficina del Inspector General, cuya misión es monitorear las prácticas implementadas por la Uniformada—, incluyó el derecho a demandar civilmente al NYPD si una persona considera que fue víctima de discriminación racial por un agente.
La práctica de detención y cacheo fue declarada inconstitucional por una jueza federal del estado porque afectaba a un gran número desproporcionado de latinos y afroamericanos (87%).
Mientras muchos aplaudían la medida como una victoria de los derechos civiles, la mayoría de los policías la interpretaron como un castigo por cumplir con su trabajo. Aunque muchos oficiales admiten que dicha práctica era usada incorrectamente, otras consideran que su uso ayudó a detener el crimen en la ciudad.
La concejal Vanessa Gibson (D-El Bronx), quien preside la comisión sobre Seguridad Pública en el Concejo, trata de ser salomónica. “Entiendo el reto que enfrentan los policías y la sombra que casos específicos como el de Eric Garner imponen en toda la fuerza policial”, afirmó. “Pero también entiendo los reclamos por exceso de fuerza de una ciudadanía que no considera que ha habido suficiente justicia”.
El consenso en el NYPD—incluyendo en este caso a sus mandos—es que las críticas de la comunidad son injustas porque el uso de la fuerza ha disminuido significativamente en los últimos 20 años. Esto afirmó en una audiencia pública ante el Concejo, el lunes, el comisionado Bill Bratton. Las denuncias por uso de fuerza excesiva comprenden hoy al 1.9% de los arrestos, comparadas con el 8.5%, en 1992.
En este clima revuelto, otros dirigentes policiales han tratado de llevar agua para su molino. Ed Mullins, presidente del Sergeants Benevolent Association (SBA) acusó a de Blasio de dar voz a “agitadores anti-seguridad” mientras “se tira a la Policía por la borda” en una incendiaria solicitada en la que afirmó que la ciudad no es suficientemente segura como para albergar la Convención Nacional Demócrata en 2016.
De Blasio catalogó los comentarios del sindicalista como un intento por “sembrar el temor para tratar de beneficiar a su propia posición en las negociaciones laborales”. El alcalde todavía no llega a un acuerdo laboral con el sindicato de policías, que carece de contrato desde 2010.
