Iguala: De la paz al infierno
"No dijimos nada por miedo, porque tenemos padres, hijos, hermanos”.
Estudiantes de Chilpancingo y familiares de los jóvenes normalistas marcharon el 8 de octubre exigiendo esclarecer la desaparición de los 43 jóvenes. Crédito: Gardenia Mendoza
IGUALA.- La regidora Sofía Mendoza ha sido amenazada de muerte nueve veces desde que acusó al hoy prófugo presidente municipal, de Iguala, José Luis Abarca, de asesinar el año pasado a su esposo, el activista Arturo Hernández Cardona.
El testimonio firmado ante un notario público de uno de los sobrevivientes dio fe de que el alcalde fue el hombre que haló el gatillo en contra de Hernández y otros dos activistas de la organización Unidad Popular que exigían créditos para abono, electrificación y alcantarillado para la comunidad.
Desde entonces, Mendoza es una de las pocas enemigas públicas del edil que está implicado ahora en la matanza y desaparición de los normalistas de Ayotzinapa.
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— Sin Embargo (@SinEmbargoMX) October 10, 2014
Al resto de los adversarios –dice la regidora- los calló a través de la intimidación a lo largo durante su administración que inició en 2012 con una política de “cero tolerancia” a la protesta social, justo en un estado acostumbrado a arreglar los problemas en las calles.
Abarca nunca tuvo ánimo para aguantar protestas, cuenta un funcionario estatal que prefiere hablar desde el anonimato. “Era un empresario que saltó a la política de la nada”, empujado por Guerreros Unidos (GU, una célula delictiva del cártel de los hermanos Beltrán Leyva), posiblemente a través de los hermanos de su esposa a quien la Procuraduría General de la República relacionó en 2009 con la organización criminal.
“GU llegó primero a negociar con la administración anterior a Abarca y propuso al presidente Antonio Jaimes dividir las ganancias en un ‘ganar-ganar’ de todos los eventos populares: bailes, ferias, kermeses”, cuenta.
Poco a poco, explica la fuente, Guerreros Unidos impuso gente en algunas regidurías, como ya lo hacía la Familia Michoacana en Tierra Caliente, hasta que finalmente logró imponer como presidente municipal a Abarca, quien era amigo del ex senador de izquierda Lázaro Mazón (hoy secretario de salud del estado).
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— BBC News (World) (@BBCWorld) October 9, 2014
Ahí empezó el infierno. “Todos sabíamos lo que estaba pasando: de pronto secuestraban a un comerciante, o mataban a un vecino o veíamos a hombres armados, pero no dijimos nada por miedo, porque tenemos padres, hijos, hermanos”, dijo Rita Sánchez, mesera en un restaurante de Iguala.
“¿A quién íbamos a acudir? Las autoridades eran parte de la delincuencia, era un secreto a voces”.
En febrero de 2013, el síndico de Iguala, Justino Carvajal (segundo al mando del Ayuntamiento), murió asesinado por gatilleros que lo siguieron hasta su casa poco después de que Hernández Cardona lo acusara de ser parte de una banda de secuestradores al servicio del principal operador político del ex gobernador Rubén Figueroa.
“La tragedia de los normalistas muertos y desaparecidos aquí, en Iguala, se hubiera evitado si la clase política no se encubriera”, dice Mendoza. “Ya había muertos, ¿querían más?”
