Infanta Cristina de Borbón se libra de cargo por lavado de dinero

Aunque la hermana de Felipe VI de España sigue imputada en el "caso Nóos" por dos delitos fiscales y podrá ser objeto de acusación e ir a juicio

Cristina es el primer miembro de la familia real imputada por la justicia.
Cristina es el primer miembro de la familia real imputada por la justicia.
Foto: EFE

La Audiencia Provincial de Baleares optó ayer por una solución salomónica, manteniendo la imputación a la infanta Cristina de Borbón, hermana de Felipe VI de España, por fraude fiscal, pero eximiéndola de un delito mucho más grave: lavado de dinero.

Se trata del “caso Nóos”, un pleito de corrupción en el que está implicado su esposo, Iñaki Urdangarin, en referencia a una fundación sin ánimo de lucro presidida por éste, a la que supuestamente fueron desviados varios millones de euros de dinero público a mediados de la pasada década.

Tres magistrados de la Audiencia Provincial de Palma (islas Baleares, Mediterráneo), confirmaron este viernes la imputación de la infanta Cristina por dos delitos fiscales, pero retiraron esa condición en el caso de blanqueo de capital.

El juez instructor del caso, José Castro, había planteado la imputación de Cristina (1965), segunda hija de Juan Carlos de Borbón.

Ahora el juez Castro tendrá en su mano la decisión de sentar en el banquillo a la hermana del rey Felipe VI aunque solo lo solicite una de las acusaciones populares.

Si las partes mantienen las posiciones que han sostenido durante la fase de instrucción, ni la Fiscalía ni las abogacías públicas acusarán a la hermana del monarca español y únicamente un sindicato formularía acusación contra ella.

En ese contexto, el juez Castro deberá dictar un auto de apertura de juicio oral, donde definirá qué personas irán a juicio y cuáles no, y tendrá que pronunciarse de nuevo sobre la infanta, explicaron a Efe fuentes jurídicas.

En el sumario están imputados Iñaki Urdangarin y su exsocio Diego Torres, por la presunta desviación entre 2004 y 2007 de 6,1 millones de euros de fondos públicos a través del Instituto Nóos.

El juez sostenía que los ingresos “ilícitos” procedentes del lucro obtenido por Nóos fueron ingresados en una sociedad llamada Aizoon, cuya propiedad compartían a partes iguales la infanta y su esposo.

El juez sospechaba que Aizoon era una pantalla para eludir algunos pagos a la Hacienda española.

Con información de EFE y Agencia Reforma.