Desmienten amenazas de arresto en contra de Amal Alamuddin Clooney

El Gobierno egipcio aseguró este domingo que la abogada especializada en derechos humanos Amal Alamuddin Clooney, esposa del actor George Clooney, puede viajar a Egipto “cuando quiera”, después de que la letrada afirmó que esas autoridades amenazaron con detenerla.

El Ministerio egipcio de Interior aseguró en un comunicado que “no hay ninguna medida” que impida la entrada de Clooney al país, en respuesta a unas declaraciones de la abogada al periódico británico “The Guardian” en las que reveló que las autoridades de El Cairo amenazaron con arrestarla si publicaba un informe sobre el sistema judicial de Egipto.

La abogada británica, que se casó con Clooney en septiembre en Venecia, dijo en una entrevista con el diario “The Guardian” que ella y su equipo legal elaboraron en febrero de 2014 el informe para recomendar a Egipto un sistema judicial más independiente.

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“Cuando iba a presentar el informe, lo primero de todo nos impidieron hacerlo en El Cairo. Dijeron: ‘¿El informe critica al Ejército, la Justicia o el Gobierno?’ Dijimos: Bueno, sí. Entonces afirmaron: ‘Bueno, se arriesgan al arresto”, contó la abogada.

Entre otros casos, la letrada ha representado al periodista egipcio con pasaporte canadiense Mohamed Fahmy, detenido en Egipto con otros compañeros de la cadena catarí Al Yazira, condenados el pasado junio a entre siete y diez años de cárcel en El Cairo, aunque la condena fue anulada el pasado jueves.

El australiano Peter Greste, el egipcio con pasaporte canadiense Mohamed Fahmy y el egipcio Baher Mohamed están encarcelados desde diciembre de 2013, cuando fueron detenidos en un hotel de El Cairo acusados de colaborar con los Hermanos Musulmanes y difundir noticias falsas sobre Egipto.

El pasado día 1, un tribunal egipcio anuló la sentencia y ordenó la repetición del juicio a los tres periodistas, pero rechazó ponerlos en libertad.

En ese sentido, Amal Clooney dijo al diario británico que los reporteros han sido víctimas de un sistema en el que las autoridades eligen como quieren a los jueces.