Congreso dividido sobre ayuda a empresas públicas en Puerto Rico

Comisionado residente de Puerto Rico destaca el apoyo universal a la iniciativa
Congreso dividido sobre ayuda a empresas públicas en Puerto Rico
Puerto Rico y Doral están enfrentados por unas devoluciones fiscales.
Foto: Archivo

Washington.- Líderes demócratas y republicanos en el Congreso ventilaron este jueves sus desacuerdos en torno a una medida del comisionado residente de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, que busca incluir a la isla en el Capítulo 9 de la Ley de Quiebras Federal.

Este Capítulo 9 es el mismo bajo el que se amparó Detroit para reestructurar su elevada deuda recientemente. Puerto Rico, por su estatus como estado asociado no tiene acceso a esta ley.

Durante una audiencia de hora y media en un subcomité judicial de la Cámara de Representantes, la primera sobre el proyecto de ley, tanto los legisladores como los testigos partidarios de la medida aseguraron que ésta contribuirá al éxito económico de Puerto Rico a largo plazo.

En defensa de su medida, Pierluisi destacó que ésta tiene el respaldo del gobierno puertorriqueño, del Banco Popular -el más grande en la isla-, de nueve expresidentes del Banco Gubernamental de Fomento (BGF) y de 13 asociaciones comerciales del sector privado.

La medida, que debe ser aprobada por ambas cámaras del Congreso, da autoridad a Puerto Rico para decidir si las corporaciones públicas o municipalidades insolventes pueden reestructurar su deuda dentro del Capítulo 9 de la Ley de Quiebras, y en qué condiciones.

El legislador demócrata por Illinois, Luis Gutiérrez, de origen puertorriqueño, pidió la aprobación de la medida “para evitar un rescate (de entidades afectadas) o una crisis financiera más tarde”.

Ante la inminente crisis financiera en la isla, el gobierno de Alejandro García Padilla está respondiendo con eficacia a la situación que heredó, pero “en el Congreso podemos hacer nuestra parte para ayudar”, aseguró Gutiérrez.

Por su parte, Melba Acosta, presidenta del Banco Gubernamental de Fomento (BGF) y única representante del gobierno puertorriqueño en la audiencia, afirmó que, de ser aprobada, la legislación HR 870 proveerá “una herramienta para el

éxito económico a largo plazo de Puerto Rico, se use o no”.

“La incertidumbre sobre el alto nivel de deuda de entidades gubernamentales en Puerto Rico es un impedimento… para las inversiones privadas. Hasta que no haya un régimen legal para ajustar la deuda de Puerto Rico, esta incertidumbre continuará y los inversionistas dudarán en invertir su capital”, advirtió Acosta.

El debate sobre la ley se produce en unos momentos en que Puerto Rico sufre las consecuencias de una grave crisis económica que se concreta en un fuerte desempleo -12,1% en diciembre pasado, un profundo déficit presupuestario, una creciente desigualdad salarial, y, sobre todo una deuda que supera el 100% del PIB que las agencias de calificación han rebajado a la categoría de basura.

La isla no cuenta con un régimen legal para que las corporaciones públicas puedan ajustar su deuda mediante un proceso judicial supervisado, ya sea dentro de las leyes locales o bajo el Código de Bancarrotas de EEUU, explicó Acosta.

Puerto Rico no es un estado de EEUU pero, para efectos de la ley, recibiría el mismo tratamiento que los estados y territorios de este país.

Sin embargo, la medida afronta una férrea oposición de algunos republicanos, y de un grupo de firmas de inversiones.

A los detractores les preocupa, por ejemplo, que las municipalidades busquen ampararse al Capítulo 9 sólo para no pagar sus deudas, en vez de tomar medidas para sanar sus finanzas, como una reducción de gastos públicos o un aumento de impuestos, de ser necesario.

Pero el abogado y académico de la Universidad de Michigan, John Pottow, que apoya la medida, destacó que el Capítulo 9 impone una serie de requisitos a las entidades, incluyendo el demostrar que han negociado de buena fe con sus acreedores.