Las “balas de punta verde” perforan plan de Obama

Washington, DC – Mide apenas 5.56 milímetros, o aproximadamente el tamaño del dedo índice, pero la “bala de punta verde”, o M855, utilizada para el rifle semiautomático AR-15, el más popular en EEUU, es capaz de perforar chalecos policiales presuntamente fabricados a prueba de bala.

Estas son balas de la discordia. La Administración Obama buscaba prohibir su venta, permitiendo mantenerlas a las personas que ya poseen las municiones, pero los fabricantes no tendrían permitido elaborarlas, venderlas, importarlas o distribuirlas.

Sin embargo, tras una fuerte campaña de presión y cabildeo, los defensores de la tenencia de armas en EEUU lograron apuntarse una nueva victoria política esta semana cuando el gobierno federal decidió abandonar sus planes de prohibir la venta al público de las “balas de punta verde“.

Ante la avalancha de más de 80,000 comentarios desde febrero pasado, casi todos opuestos a la prohibición, la Oficina de Control del Tabaco, Alcohol y Armas de Fuego (ATF, en inglés) ha decidido postergar temporalmente su decisión final al respecto.

Aunque la ATF continuará con su período de comentarios públicos sobre la prohibición de estos proyectiles hasta el próximo 16 de marzo, la agencia federal ya ha retirado su propuesta que, como explica en su página web, tenía la meta de crear un plan que reflejase una buena interpretación de la ley y tomase también en cuenta los intereses de las agencias policiales, la industria armamentista y los deportistas.

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El rifle semi-automático AR-15 —un arma que está disponible comercialmente y que se parece al rifle militar M-16—, se ha popularizado en los últimos años entre los entusiastas de las armas.

También ha sido el objetivo de los legisladores demócratas que tratan de prohibir las armas después de la masacres ocurridas en el 2012, en la que perecieron una docena de personas en un cine en Colorado y 20 niños y seis adultos en una escuela de Connecticut.

Consultada por este diario la agencia señaló que no emitirá una decisión final hasta no evaluar otras alternativas, sin precisar cual es el cronograma.

Sin embargo, el presidente del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, el republicano Bob Goodlatte, ha prometido que mantendrá su vigilancia para proteger el derecho a las armas porque el Congreso no permitirá que el presidente Barack Obama “viole los derechos de la Segunda Enmienda”.

Las balas “de punta verde” quedaron exentas de una ley federal promulgada en 1986 que, en aras de proteger a los agentes del orden, prohíbe la venta de municiones capaces de penetrar armaduras y que sean usadas en las pistolas.

Es que estas “balas de punta verde” originalmente sólo podían usarse en rifles de caza AR-15 -el rifle semiautomático más popular en EEUU-, pero la ATF quiso meter manos en el asunto porque ahora éstas también pueden dispararse desde ciertas pistolas comunes.

La sola posibilidad de prohibir la venta de estas municiones disparó de inmediato sus precios y su venta, según dueños de armerías.

Pero los defensores del derecho a las armas no se quedaron de brazos cruzados y, con la ayuda de líderes conservadores y de grupos como la Asociación Nacional del Rifle (NRA) y la Fundación Nacional de Deportes de Tiro (NSSF), montaron una campaña en contra del plan de ATF.

El pasado 4 de marzo, un grupo de 238 legisladores republicanos de la Cámara de Representantes enviaron una carta a B. Todd Jones, director de ATF, en la que se quejaron de la presunta falta de transparencia del gobierno sobre el plan en ciernes.

“Millones y millones de balas M855 se han vendido y usado en EEUU y, sin embargo, la ATF no ha alegado ni ofrecido pruebas de que una sola de éstas se ha disparado desde una pistola contra un policía“, señalaron los legisladores.

A su juicio, el plan era innecesariamente estricto e interfiere con la Segunda Enmienda de la Constitución, que consagra el derecho a la tenencia de armas.

Además, supone una traba para la venta de municiones para estadounidenses que las usan para deportes y otros propósitos legítimos.

Por su parte, la Campaña Brady contra la Violencia de las Armas (“Brady Campaign to Prevent Gun Violence”), mantiene su apoyo a la prohibición de estas peligrosas municiones y criticó la campaña de miedo de los grupos pro-arma.

“No entendemos por qué un civil necesita cargar una pistola que use balas de calibre militar. Esperamos que cualquier cambio en los reglamentos refleje la prioridad de proteger a los agentes policiales”, dijo a este diario Jonathan Hutson, director de comunicaciones de la Campaña Brady.