Estados Unidos necesita mejores datos sobre las muertes a manos de la policía

¿A cuántas personas mata cada año la policía en Estados Unidos y bajo qué circunstancias? Estas son algunas de las preguntas básicas que plantea la muerte por disparos de la policía del joven afroamericano Michael Brown en Ferguson, Missouri, el año pasado. La respuesta corta –y sorprendente— es que nadie lo sabe.

Un nuevo informe de la Oficina de Estadísticas de Justicia (BJS) hace grandes esfuerzos para explicar el porqué. Desde 2003, BJS ha recopilado datos de los estados para producir un recuento nacional anual de las personas que han muerto cuando eran arrestadas o bajo custodia policial, en el marco del programa de Muertes Relacionadas a Detenciones Policiales. Pero según el nuevo informe, las grandes diferencias en cómo los estados recopilan y registran sus datos han “resultado en una subestimación significativa del número anual de muertes relacionadas a la detención”. Como resultado, EE.UU. solo recoge datos de 35-50 por ciento de las muertes relacionadas a detenciones en todo el país, e incluso esta cifra podría estar sobreestimando la cobertura. Además, el sistema actual de recopilación de datos no brinda datos útiles para examinar las tendencias en las muertes en función del tiempo, la geografía, la demografía o ninguna otra variable.

Esto es importante porque sin datos precisos sobre los fallecidos, cuál es la agencia del orden público involucrada y las circunstancias que rodean estos incidentes, el liderazgo de los organismos encargados de hacer cumplir la ley y los diseñadores de políticas pasarán apuros para reducir el número de muertes futuras.

La indignación pública después de la muerte de Brown y otros casos llevó al Congreso de EE.UU. a aprobar en diciembre una ley que clarifica las definiciones de los datos que los estados están obligados a producir y añade una pequeña sanción económica por incumplimiento. Ahora requiere explícitamente la recopilación de datos sobre aquellos que pierden la vida mientras están “detenidos” por las autoridades (por ejemplo, para ser interrogados), y no sólo durante el arresto o bajo custodia policial. (Cabe recordar que Michael Brown no se encontraba en el proceso de ser arrestado ni estaba en custodia policial cuando fue matado, así que su muerte no hubiera sido contabilizada bajo los parámetros previos).

La nueva ley, aunque supone un avance, no va lo suficientemente lejos, ya que no hace nada para abordar los “obstáculos a la recopilación de información válida y confiable” descritos en el informe de BJS.

Para superar esos obstáculos, el Departamento de Justicia necesita proporcionar directrices claras a los estados, a través de BJS, sobre cómo generar datos precisos y válidos. La sanción económica por incumplimiento de los estados debería estar supeditada al grado en que se ciñe a estas normas. De lo contrario, la ley no producirá los resultados deseados.

Documentar el número de personas que mueren a manos de las fuerzas del orden público no es un problema esotérico. Existe una solución metodológica cuya implementación solo requiere de voluntad política, en la forma de recursos y colaboración entre agencias y jurisdicciones. Lo último que necesita EE.UU. son más datos malos sobre cuántas personas mueren estando bajo custodia policial.