Ley busca que caseros hostigadores la paguen caro

Someten propuesta para proteger a inquilinos del acoso, que contempla multas de hasta $10,000

Nueva York  –  La presidenta del Concejo Municipal Melissa Mark-Viverito sometió este martes una propuesta de ley con la que quiere endurecer las penas a los caseros que hostiguen a sus inquilinos, ofreciéndoles dinero para que abandonen sus viviendas, aun cuando estos ya les hayan respondido que no dejarán sus hogares.

La medida contempla una multa de entre $1,000 a $10,000.

“Estamos ampliando la definición de hostigamiento, que también ocurre cuando un casero quiere sacar a un inquilino ofreciéndole incentivos pese a que se hayan negado. Estamos viendo cada vez más frecuentemente la implementación de esta práctica”, indicó Mark-Viverito.

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Otras tácticas utilizadas y consideradas como hostigamiento ilegal incluyen el cortar la calefacción o el agua caliente a los inquilinos para que estos se muden, remover sus pertenencias o incluso amenazarlos sicológicamente.

Exigen más viviendas de NYCHA

Entre tanto, una coalición de funcionarios electos y líderes comunitarios pidieron al alcalde Bill de Blasio que amplíe a 2,500 unidades la cuota de viviendas públicas NYCHA que asigna cada año, con el fin de reducir el alto nivel de personas sin hogar en la ciudad.

La petición se produjo al tiempo que se dio a conocer un reporte por parte del grupo Home for Every New Yorker, que refleja que la actual administración tiene previsto entregar 750 apartamentos al año a personas sin hogar, siendo la que menos viviendas asignaría, comparándola con las de los exalcaldes David Dinkins 1,215 unidades y Rudy Giuliani con 854 unidades.

“La ciudad debe darle prioridad a aquellos que necesitan vivienda inmediatamente”, dijo la defensora del pueblo Letitia James, que hace parte de la coalición.

Ishanee Parikh, portavoz de la Alcaldía, dijo al respecto que, “el año pasado mudamos un total de 1,100 familias sin vivienda a apartamentos de NYCHA y este año tenemos el propósito de mudar más de 2,000 familias a las viviendas públicas, incluyendo víctimas de violencia doméstica y veteranos”.