Inician ayuno para exigir la ‘discreción procesal’ en las deportaciones

Activistas proinmigrantes llevan su protesta hasta las oficinas de ICE en Washington D.C.
Inician ayuno para exigir la ‘discreción procesal’ en las deportaciones
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Washington.- Cansados de lo que ven como una incesante cadena de deportaciones, líderes cívicos y religiosos iniciaron este martes un ayuno y vigilia de tres días para exigir que la Administración Obama cumpla su promesa de usar la “discreción procesal” para reducir la expulsión de inmigrantes que no son una amenaza para el país.

Portando mantas y fotos de personas en vías de deportación, los activistas denunciaron en particular los casos de Arturo Hernández García y Rosa Robles Loreto, quienes se han refugiado en iglesias en Denver (Colorado) y Tucson (Arizona), respectivamente, para evitar su deportación.

Hernández García pidió santuario en la iglesia de Denver en octubre pasado, mientras que Robles Loreto, lleva diez meses en la de Tucson, también a la espera de una resolución favorable en su caso.

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Líderes de más de una decena de grupos proinmigrantes, entre éstos la Red Nacional de Jornaleros (NDLON) y American Friends Service Committee, pidieron frente a la sede de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) que ponga en práctica la “acción ejecutiva” anunciada en noviembre pasado, que da “discreción procesal” a las autoridades para aplicar las deportaciones conforme a las nuevas categorías establecidas.

La reverenda Jeannie Shero, de la Iglesia First Universalist y miembro de la Coalición de Santuario del Área Metropolitana de Denver, explicó que el ayuno y la vigilia buscan llamar la atención hacia centenares de inmigrantes como los de Denver y Tucson “que injustamente están atrapados en el miedo y los trámites de deportación”.

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“Lo único que les pedimos es que obedezcan las leyes y permitan que los que no son prioridad o una amenaza queden en libertad y puedan regresar con sus familias. A Arturo le han dicho que él no es una prioridad, aunque no se lo han puesto por escrito”, precisó Shero.

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A su juicio, el Programa Prioritario de Aplicación de la Ley (PEP) que reemplazó “Comunidades Seguras”, solo ha cambiado en nombre porque muchos inmigrantes siguen siendo blanco de las deportaciones con base “a datos erróneos y discriminación racial”.

Los activistas señalaron que más de 1,100 personas siguen siendo deportadas a diario y, ante el congelamiento de los alivios migratorios en los tribunales, es aún más urgente exigir una “política migratoria humana”.

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Según Shero, la respuesta de las autoridades de Inmigración en Denver al caso de Hernández García ha sido un “silencio ensordecedor, que deja a la gente en limbo”, por lo que viajó a Washington para pedir que ICE instruya a sus agentes locales en todo EEUU a que “utilicen la discreción procesal”.

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