Cecilia Muñoz defiende nuevas prioridades de deportaciones

National Harbor (Maryland).- Ignorando consignas contra la detención de madres y niños, la asesora principal de la Casa Blanca para política doméstica, Cecilia Muñoz, defendió este jueves la nueva política de deportaciones, que se ha convertido en un punto de fricción de grupos pro-reforma con la Administración Obama.

“Las prioridades policiales (contra la inmigración ilegal)… son más humanas y más consecuentes con nuestros valores como nación de leyes y nación de inmigrantes”, dijo Muñoz, durante la conferencia anual de la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración (AILA).

El movimiento por la reforma migratoria tiene derecho a exigir respuestas pero “el destacar las formas en que no se deben aplicar las acciones policiales, creo que es un error”, enfatizó Muñoz, quien pidió el apoyo de los activistas a la Administración.

A unos pies del podio, sin embargo, un grupo de abogados intentó sofocar sus palabras, gritando consignas como “alto a las detenciones” y “dejen de encarcelar a niños”.

“Los republicanos no están encarcelando a niños”, continuó gritando el grupo de abogados, mientras sostenían carteles verdes con un simple mensaje: “vergüenza”.

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La asesora del presidente Barack Obama para política interna nuevamente defendió los alivios migratorios –lo único que generó aplausos entre el público – y responsabilizó a los republicanos en el Congreso por el bloqueo de la reforma migratoria.

Administración Obama sí tiene opciones

Pero sus palabras tampoco convencieron a Sheila Starkey Hahn, una abogada que viajó desde Memphis (Tennesee) y acaba de realizar una visita de cinco días al centro de detenciones en Dilley (Texas).

“Está bien que haya venido, pero queremos que sepa que es inaceptable encarcelar a mujeres y niños en nuestro país. Me pareció que quiso culpar a los republicanos, e incluso hasta a los activistas, por no darle opciones, pero la Administración es la que le está haciendo esto a las familias, nadie los obliga”, dijo a este diario Starkey Hahn.

Sosteniendo un poster que ella misma mandó a hacer en contra de la detención de niños, la abogada afirmó que es “indignante” que la Administración “pretenda que no existen otras opciones, porque sí las hay, pero tienen que buscarlas”.

Muñoz ofreció su discurso ante AILA en el Centro Nacional de Convenciones Gaylor, que atrajo la participación de unos 3,000 abogados, profesores, paralegales y demás profesionales que trabajan en el área de Inmigración en todo el país.

AILA mantuvo en pie su invitación a Muñoz pese a que un grupo de 18 abogados –de un total de 14,000 miembros de la organización- había exigido que se le retirara, por considerar que ésta le ha dado la espalda a la comunidad inmigrante.

Muñoz, que fue activista proinmigrante y proderechos civiles durante sus años en el Consejo Nacional de La Raza (NCLR), expresó optimismo de que la Administración Obama ganará la demanda contra los alivios migratorios y logrará adoptar una reforma migratoria integral. Previo a su discurso, se reunió en privado con varios miembros de AILA que habían prestado ayuda legal a detenidos en el extinto centro de detenciones de Artesia (Nuevo Mexico).

De acuerdo con un memorándum de noviembre pasado, el Departamento de Seguridad Nacional ahora centra su esfuerzos en la detención y deportación de indocumentados que representen un peligro para la seguridad pública y nacional, tengan condenas por delitos graves, o hayan cruzado recientemente la frontera de forma ilegal.

Aunque el Congreso designa fondos para las operaciones de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) para la detención de indocumentados, tanto AILA como decenas de grupos proinmigrantes y líderes demócratas del Congreso han insistido en que existen opciones más humanas y menos costosas.

Su argumento principal siempre ha sido que las familias que huyen de la violencia en Centroamérica y que tienen casos válidos para recibir asilo o refugio político, merecen protección y representación legal y no la cárcel.

Los centros de detención para familias están administrados por empresas privadas, entre éstas la Corporación de Correcciones de EEUU (CCA, en inglés), que han conseguido jugosos contratos del gobierno federal, con garantías de cuotas mínimas de detenidos en cada uno.