Indignación por Charleston, pero Congreso no avanza en control de armas  

Dylann Roof presuntamente quería iniciar una guerra civil, y ahora podría afrontar la pena de muerta

Washington.- Cegado por su creencia en la segregación y su presunto deseo de desatar una nueva guerra civil, Dylan Roof masacró a 9 personas mientras estudiaban la biblia en una histórica iglesia afroamericana en Carolina del Sur. Pese a la indignación popular, no hay señal de que el Congreso vaya a restringir las armas.

La masacre en la iglesia Africana Metodista Episcopal Emanuel en Charleston, que dio lugar la noche del miércoles, demuestra que ahora no se está a salvo del racismo o la violencia ni en los templos, tras ataques producidos en escuelas, parques, salas de cine y sitios de trabajo en los últimos años.

También ha desatado otro agrio debate nacional sobre las tensiones raciales, la violencia de las armas, y la urgencia de restringirlas.

De nueva cuenta surge el ciclo que acompaña a este tipo de tragedias: alarma, indignación, y la pregunta de siempre ?ahora también en boca de precandidatos presidenciales– sobre cuántos muertos hacen falta para que el Congreso actúe.

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Dylan Roof, de 21 años.

Esa misma iglesia, que encabezó el movimiento abolicionista en el siglo 19 y es ícono del de los derechos civiles, fue quemada hasta el último ladrillo en 1822 por supremacistas que, como Roof, creen que los blancos no deben mezclarse con los negros.

Roof, de 21 años, fue acusado hoy de los nueve asesinatos en la iglesia, reconstruida en 1834 y a la que acudió con el pretexto de estudiar la biblia. Allí, abrió fuego contra las víctimas porque, según informes de prensa, quería desatar una nueva guerra civil.

Roof “casi” suspendió su mortífero plan porque los asistentes, entre éstos el pastor y senador estatal demócrata Clementa Pinckney, lo hicieron sentirse en su casa, según dijo la cadena televisiva NBC.

Nikki Hale, la gobernadora republicana de Carolina del Sur, cree que Roof debe recibir la pena de muerte, por tratarse de un “crimen motivado por el odio racial”.

Carolina del Sur, cuyo capitolio ondea la bandera confederada –símbolo de los defensores de la esclavitud en el sur profundo de EEUU durante la Guerra Civil-, es uno de seis estados (además de Arkansas, Georgia, Indiana, Utah y Wyoming) que no tienen leyes para castigar los delitos motivados por el odio en base a la raza, género u orientación sexual de la víctima.

Congreso no mueve un dedo

Citando al fallecido líder afroamericano Martin Luther King Jr. sobre “la fatiga de la desesperación y el optimismo de la esperanza”, el presidente Barack Obama condenó el jueves nuevamente los actos de violencia con las armas, y subrayó la necesidad de restringirlas.

Pero su lamento parece caer en oidos sordos en el Congreso, que tampoco actuó tras la masacre de 20 niños y seis maestros en la escuela primaria Sandy Hook, en Newtown (Connecticut) en 2012.

Entonces, el Congreso debatió sendas medidas para prohibir el acceso a las armas de asalto de calibre militar y para exigir la revisión universal de antecedentes penales para la compra-venta de armas, y ninguna fue aprobada.

La legisladora demócrata por Nueva York, Carolyn Maloney, que el jueves pidió un “fin al derrame de sangre en nuestras escuelas, iglesias y calles”, ha patrocinado cinco proyectos de ley para mejorar la seguridad de las armas.

Dos de éstos, presentados hace dos semanas, financiarían investigaciones de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) para contrarrestar la violencia de las armas hasta el año 2021, y promoverían el uso de “armas inteligentes”, personalizadas para que no puedan activarse en manos ajenas. Ninguno ha avanzado en los comités.

Un proyecto de ley presupuestario para el año fiscal en curso para los departamentos de Salud, Trabajo y Educación, mantiene en pie la prohibición de fondos federales para la investigación de la violencia con las armas.

Se calcula que, en promedio, unas 32,000 personas mueren y otras 76,000 resultan lesionadas al año por la violencia derivada de las armas en EEUU.

Pero grupos como la poderosa Asociación Nacional del Rifle (NRA) defienden a ultranza la tenencia de las armas, y argumentan que mejoraría la seguridad pública si más personas pudiesen cargar armas en sitios públicos.

De camino a su trabajo como recepcionista en Washington, la afroamericana Veronica Johnson leía la noticia de la masacre en Charleston y, aunque indignada, consideró que Roof no logrará crear nuevos disturbios raciales.

“Que haya gente tan despiadada como para atacar una iglesia es indignante, pero lo es más que el Congreso siga sin hacer algo para reducir la violencia de las armas”, dijo a este diario Johnson.

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