Médicos y farmacéuticos, blanco del crimen organizado en México
CIUDAD de MÉXICO – María Teresa Aduna era una joven pasante de medicina que ganaba alrededor de $200 dólares mensuales por hacer el mismo trabajo que muchos médicos se niegan a hacer para evitar ser víctima del crimen organizado, de extorsiones y secuestros; de asesinatos e intimidaciones en los municipios más recónditos del país.
Ella trabajaba entre los estados de Jalisco y Guanajuato, una región con presencia de la Familia Michoacana, el Cártel de Jalisco y Los Zetas, y donde murió asesinada para sumarse a los 66 doctores y pasantes que desde 2009 ha contabilizado el gremio del país. Extraoficialmente.
El caso volcó nuevamente a los profesionales de la salud en las últimas horas. “Nos están asesinando”, gritan en marchas, en comunicados de prensa y en hechos concretos como el ocurrido a Aduna, estudiante de la Universidad Autónoma de Guadalajara, el pasado 15 de junio mientras trabajaba en una unidad médica ambulante para dar servicios de salud en el municipio de Cuerámano.
Los desenlaces trágicos se presentan principalmente en los municipios dominados por el crimen organizado de todo el país, pero principalmente en los estados de Michoacán, Tamaulipas, Sinaloa, Veracruz, Jalisco y Guerrero.
En este último, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud denunció que en los últimos meses al menos 500 médicos han solicitado su cambio de plaza a las ciudades. “Suplican por su cambio”, dijo Manuel Callejo Barragán, el líder gremial, porque se sienten más seguros en las urbes, aunque en días recientes ni siquiera allí están a salvo.
La semana pasada desaparecieron dos jóvenes médicos de la local Secretaría de Salud en la carretera federal México-Acapulco y hace unas horas fueron localizados sus cuerpos en el vecino municipio de Chilpancingo que pelean células rivales derivadas de las peleas internas del cártel de Sinaloa y otros locales.
En Tamaulipas, cuna del cártel del Golfo y los Zetas, la senadora Maki Ortiz alertó que en Reynosa hay un nuevo hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social que no ha podido operar por falta de personal. “Es increíble que no podamos lograr una planilla”, dijo. “Nadie quiere venir”.
A través de la página de Facebook #yosoymedico17, que reúne a 120 médicos de todo el país, el gremio solicitó la intervención de la Secretaría de Salud Federal para que tome acción en el tema al menos con un protocolo y una línea de atención telefónica en caso de peligro. No han recibido respuesta.
FARMACÉUTICOS
La organización que sí lleva un recuento puntual es la Unión Nacional de Empresarios de Farmacias (UNEFARM), que denunció la muerte de 30 farmacéuticos desde 2010 víctimas de la inseguridad e incluso registra deserción de agremiados en sitios como Chilapa, Guerrero.
“Se han desatado focos de violencia y, por ello, han resultado afectados algunos de nuestros agremiados en Guerrero, Michoacán y Jalisco, donde volvemos a encender los ´focos rojos´, por lo que solicitamos reforzar de nuevo la vigilancia”, dijo Juvenal Becerra, presidente de la asociación.
Agregó que la inseguridad obligó a los empresarios farmacéuticos a aplicar protocolos especiales de operación para garantizar la atención al público y el surtido de los medicamentos por las mismas causas: secuestros, extorsiones, cobros de piso y asesinatos.
OTROS GREMIOS EN LA MIRA
Sacerdotes
El Centro Católico Medial denunció en diciembre pasado que 47 sacerdotes han sido víctimas de crímenes relacionados a la inseguridad en el país. El listado de las muertes entre 1990 y 2014 lo conforman un cardenal, 34 sacerdotes, un diácono, tres religiosos, cinco laicos y una periodista católica. Además dos curas siguen desaparecidos.
Periodistas
En los últimos 15 años, 103 periodistas fueron asesinados en México y 25 más están desaparecidos, se precisa en el informe estadístico de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión de la Procuraduría General de la República (PGR).
Abogados
No existe una cifra nacional que lleve el recuento de ataque al gremio, pero en los estados con mayor inseguridad las cifras son alarmantes. En Chiahuahua, el ex presidente de la Federación Estatal de Abogados, Hector Armando González, asegura que son 106 los abogados asesinados desde 2010 y que sólo el 5.6% de los casos han sido esclarecidos; en Sinaloa, el cálculo es de 102 desde 1992; en Morelos, de 50 en los últimos ocho años y Durango reporta 100 desaparecidos.
Contadores, administradores, arquitectos, químicos…
“El crimen organizado necesita de gente que le haga todo tipo de trabajos y la consiguen con secuestros”, advirtió desde 2011 Blanca Martínez, del Centro de Derechos Humanos Fray Juan de Larios en Coahuila, donde la Fundación por Nuestros Desaparecidos llegó a documentar 200 casos de personas secuestradas con perfiles profesionales que nunca volvieron a aparecer. Todos graduados con especializaciones en números, construcción y con altos conocimientos de química.