La suerte de los indocumentados en manos de tres jueces

Este viernes, en el Quinto Circuito de Apelaciones, los abogados del gobierno federal y de los 26 estados que se oponen a la implementación de los alivios migratorios para unos 5 millones de indocumentados, se enfrentarán en un nuevo round.
Esta vez, un panel de tres jueces, escuchará los argumentos orales sobre el mérito de la acción ejecutiva emitida por el presidente Barack Obama, en noviembre pasado, para proteger de la deportación y darles un permiso de trabajo a padres de ciudadanos estadounidenses o residentes legales y una extensión del programa conocido como DACA, para personas traidas ilegalmente por sus padres cuando eran menores de edad.
Caravanas de grupos y organizaciones proinmigrantes, políticos y sindicatos, han llegado de todo el país para realizar manifestaciones afuera de la corte en New Orleans en apoyo a estos programas, cuya implementación fue bloqueada en febrero pasado por el juez federal Andrew Hanen y ratificada en mayo por un panel de tres jueces en el Quinto Circuito de Apelaciones.

Los jueces

El panel de jueces seleccionado para presidir la audiencia del viernes 10 de julio es el mismo que en mayo respaldó el dictamen del 16 de febrero del juez Hanen y está integrado por los conservadores Jerry Smith, (designado por el presidente Ronald Reagan) y Jennifer Walker Elrod (nombrada por el presidente George W. Bush), y Carolyn Dineen King (nombrado por el presidente Barack Obama).
King, de 77 años, moderada, es nueva en el caso, fue nombrada por Jimmy Carter en 1979.
Smith, 68, es conservador nacido en Texas, fue nombrado por el presidente republicano Ronald Reagan en 1987.
Elrod, 48, también texano, fue nombrado por el presidente republicano George W. Bush, y es considerado uno de los más conservadores de este panel de tres jueces.
Los escenarios en el panorama legal

• Este viernes “los abogados del Departamento de Justicia y de los 26 estados que demandaron la medida, entregarán sus argumentos orales y los jueces escribirán su opinión”, pero no existe un límite de tiempo para que entreguen un fallo final, aunque dos de los jueces en el panel ya escucharon el caso, lo que podría acelerar su decisión.
• Si el fallo es a favor del gobierno federal las posibilidades son son que DACA y DAPA entren en implementación total o solo en los estados que NO están demandando al gobierno.
• El Quinto Circuito también puede fallar a favor de los 26 estados demandantes y dejar bloque
• ados los programas de alivio migratorio.
• Se espera que tras el fallo de la audiencia de hoy, la parte que pierda puede apelar la decisión dentro de un plazo de 90 días, en este caso el gobierno federal tendría dos opciones:

1. Pedir que el panel de 15 jueces que componen la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito revise el caso.
2. Llevar directamente el caso a la Corte Suprema para acortar el proceso legal. De ser así el máximo tribunal podría decidir a mediados de abril del 2016 si revisa el caso para entregar una decisión en junio. Y, de ser favorable al gobierno, la acción ejecutiva demorará unos meses en ser implementada, y los beneficiarios tardarán todavía otros seis meses o un año en comenzar a recibir los beneficios, es decir hasta 2017, bajo una nueva administración en Washington D.C.

Grupos proinmigrantes no se dan por vencidos

Pero los defensores de los inmigrantes confían en que eventualmente el gobierno federal ganará en las cortes y, desde noviembre pasado cuando Obama emitió la orden ejecutiva, han estado entrenando personal y realizando centenares de talleres a través de todo el país para que los beneficiarios “estén listos cuando se logre la victoria”.
En el área de Washington, por ejemplo, la organización CASA, con sede en Maryland, continúa haciendo sesiones informativas sobre DAPA en Maryland, Virginia, Penssylvania y Delaware.
Sin embargo, dado la frustración causada por la demanda en contra los alivios migratorios y los reveses legales, los potenciales beneficiarios están llegando cada vez menos a esos talleres.
“Eso tiene muy preocupadas a las organizaciones que abogan por los inmigrantes”, reconoció Jorge Mario Cabrera, portavoz de la Coalición por los Derechos de los Inmigrantes de Los Ángeles (Chirla).
Dijo que ellos han organizado talleres de preparación y tienen las puertas abiertas para orientar a los inmigrantes, pero los potenciales candidatos no se presentan en los números esperados.
A lo largo y ancho del país, muchas organizaciones han comenzado a contratar más personal para atender la demanda que se vendrán con DACA y DAPA.
“Nosotros ya tenemos un equipo de doce representantes acreditados por migración, y hemos contratado dos abogados más”, observó Cabrera.
La invitación a la comunidad inmigrante es que acudan a organizaciones confiables para qué sepan qué documentos van a necesitar para presentar sus solicitudes cuando las cortes den luz verde para la ampliación de DACA y el programa de DAPA.

El mensaje: “Hay que estar listos”

Cabrera recordó que no saben con exactitud qué documentos van a requerir, pero estiman que serán los mismos o similares a los que se piden para DACA. “Nosotros le decimos a la gente que comience a sacar su número ITIN para pagar impuestos; su licencia de manejo. En California bajo la ley AB60; sus reportes de no antecedentes criminales, reportes médicos, de escuelas, cuentas bancarias que prueben su estadía entre el 20 de noviembre de 2014 y el 1 de enero de 2010, partidas de nacimiento de los hijos nacidos en el país, actas de matrimonio o divorcio”.
Precisó que todos estos documentos deben estar archivados en un lugar seguro de la casa, con un abogado de migración o una organización comunitaria responsable.

Inmigrantes pueden llevarse sorpresas

Tessie Borden, portavoz de CARECEN reconoció que quizá porque la gente piensa que la demanda contra la implementación de alivios migratorios no se resolverá pronto, o que el fallo es permanente, no se han dado el tiempo para prepararse.
“Nosotros animamos a los inmigrantes a que venga a revisar su caso. Lo que hemos visto es que en la cuarta parte de los que examinamos, la persona viene con la idea de que califica para DAPA, pero al final descubre que pueden solicitar algo mejor como una visa U, u otras opciones que les dan una residencia permanente”, observa Borden.
Aclara que las alternativas para regularizar el estatus migratorio son varias, pero no pueden ser determinadas por la persona misma sino por un abogado u organización confiable que analice bien el historial y documentos de cada inmigrante.
“También al revisar el caso, no sólo les decimos cuáles son sus mejores opciones sino cuándo no es aconsejable que soliciten algún alivio porque puede tener repercusiones negativas”, anota.