Lucha judicial continúa para lograr traductores en oficinas públicas

A pesar de que estarían legalmente obligados, muchas personas no reciben ayuda para postular a servicios como los cupones de alimentos o la asistencia social

NUEVA YORK – Poco a poco, Antonia Cano estaba superando la humillación. Había sido víctima de violencia doméstica por años; pero ahora, gracias a la ayuda de la ciudad, estaba rearmando su vida. Sin embargo, en 2008 nuevamente tendría esa triste sensación, cuando fue a una oficina en El Bronx a pedir ayuda para pagar sus cuentas y nadie hablaba en español. “Una mujer enojada dijo, frente a todo el mundo ‘¿No se conforma acaso con lo que les dan con sus cupones y quiere que le ayuden a pagar la luz?”, recuerda Cano. “Yo me sentí mal. Fue la humillación más grande. De ahí me intimidé y nunca quise ir a pedir nada más”.

Este tipo de situaciones son las que tienen a la organización Legal Services NYC en un litigio contra la Agencia de Recursos Humanos (HRA) de la ciudad desde hace 2009. La demanda parecía muerta cuando fue rechazada a principios de este año, pero una apelación y el apoyo de la defensora del pueblo revivió este caso judicial.

“Es importante recordar que todas las agencias gubernamentales que trabajan con el público están obligadas a hacer sus servicios accesibles para todos, sin importar de dónde vienen o el idioma que hablen”, sostiene la abogada de Servicios Legales, Christine Clarke.

La demanda contra HRA es especialmente sensible, indican los abogados, porque esta agencia debe atender justamente a la población más vulnerable en servicios de alta necesidad para ellos, como los cupones de comida, el seguro de salud pública (Medicaid) y la asistencia social en general. Además, este público es muchas veces el de mayores problemas de comprensión de inglés.

“Las comunidades inmigrantes son parte integral de la Ciudad de Nueva York, pero muchas veces se les niega el acceso a servicios vitales simplemente porque el inglés no es su idioma principal”, expresa Letitia James, defensora del pueblo. James respalda la demanda con un “amicus curiae”, un documento judicial que reforzó la posición de los demandantes. “La ciudad tiene una responsabilidad de entregar servicios de traducción completos y, en estos momentos, están fallando en cumplir la ley”, comenta la  funcionaria.

En estos momentos, las dos partes deben llegar a un acuerdo o el caso irá a un juicio. “La gente no debería tener que necesitar de sus parientes, amigos o vecinos para ayudarlos a navegar por las agencias de la ciudad”, explica Clarke. “Nueva York nos pertenece a todos y nos merecemos un acceso igualitario a los servicios de la ciudad”.