Senado alista voto sobre reforma educativa que reduce influencia de gobierno

Nueva versión de reforma educativa mantiene medidas que afrontan oposición de sindicatos de maestros

Washington.- Tras más de una semana de tensas negociaciones, líderes del Senado se alistan para el voto final, este jueves, de una medida que reemplaza la reforma educativa que caducó en 2007 y que, en su nueva versión, reduciría la intervención del gobierno en el sistema escolar público del país.
La versión que salga mañana del Senado tendrá que ser armonizada en un solo texto con la medida que aprobó la semana pasada la Cámara de Representantes, pero ese proceso bicameral podría ocurrir hasta después del receso legislativo de agosto.
El proyecto de ley ante el Senado, patrocinado por el senador republicano por Tennessee, Lamar Alexander, y la senadora demócrata por Washington, Patty Murray, reduce el papel del gobierno federal en las escuelas públicas al darle más autonomía a los distritos escolares en la evaluación de maestros y el rendimiento académico de los estudiantes.
La medida deja intactos los exámenes obligatorios anuales en las áreas de lectura y matemáticas entre tercer y octavo grados, y también en la secundaria, tal como se codificaron en la reforma educativa conocida como la ley “Que Ningún Niño Quede Atrás” (“No Child Left Behind”), promulgada por el presidente George W. Bush en 2002.
Además, por insistencia de los republicanos, también permite que los estudiantes de hogares pobres puedan usar fondos federales para trasladarse a escuelas públicas en barrios más prósperos.
Los demócratas se oponen a este concepto de “portabilidad” por considerar que eso resta fondos a escuelas en distritos pobres.
Un cambio importante respecto a la reforma educativa de 2002 es que las escuelas públicas con menor rendimiento académico ya no afrontarían la amenaza de perder fondos públicos.
Sin embargo, se prevé que la legislación incorpore varias enmiendas adicionales antes del voto final.
En ese sentido, el senador Chris Murphy promueve una enmienda para que las escuelas con bajo rendimiento académico puedan recibar la ayuda que necesitan para mejorar.
Una coalición de 36 grupo cívicos consideran que aunque la versión del Senado mejora la ley educativa actual, ésta debe incluir mecanismos para ayudar a estudiantes de minorías y discapacitados, que suelen registrar menor rendimiento académico que sus pares blancos.
La versión que aprobó la Cámara Baja también reduce la influencia del gobierno federal en las escuelas públicas pero ésta afronta la oposición de la Casa Blanca y de la mayoría de los sindicatos de maestros.

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