Al normalizar relaciones diplomáticas, propuesta bipartidista ampliaría acceso a internet en Cuba

Washington.- En el primer día del restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre EEUU y Cuba, líderes de ambos partidos del Congreso promueven desde este lunes una medida para ampliar el acceso a internet en la isla.
En paralelo a la apertura de la embajada cubana en Washington, cerrada en 1961, los legisladores Kevin Cramer, republicano por Dakota del Norte, y Peter Welch, demócrata por Vermont, presentaron hoy un proyecto de ley que facilitaría a las empresas de telecomunicaciones e internet de EEUU vender sus servicios en Cuba.
Además de ayudar a individuos y negocios a tener más acceso a internet –ampliando su conexión con el mundo-, los legisladores esperan que el “Acta para el Avance Digital y de Telecomunicaciones en Cuba” (“Cuba DATA Act) permita a las empresas estadounidenses aumentar sus negocios con el emergente sector privado en la isla.
Según Cramer, con esta medida las compañías de telecomunicaciones tendrían una mayor oportunidad de mejorar la infraestructura en Cuba, mientras que los agricultores y emprendedores podrían aumentar sus negocios en la isla con métodos de comunicación modernos.
La legislación, que elimina políticas que hasta ahora han restringido las inversiones en Cuba, es similar a una medida bipartidista previamente presentada en el Senado.
El consenso de los partidarios de la medida es que el mayor acceso a internet en Cuba podría ayudar a revertir más de medio siglo de aislamiento económico y diplomático de la isla.

Limitaciones de acceso a internet

Cuba es uno de los países con menos acceso a internet en el mundo: sus propias estadísticas señalan que, en 2011, sólo cerca del 25% de los cubanos tenían acceso a internet, pero la cifra podría ser menor si se toma en cuenta que muchos solo pueden acceder a la autopista de la información a través de una red controlada por el gobierno.
En la actualidad, solo el 5% de los cubanos tiene acceso abierto al internet, que es prácticamente inexistente en los hogares.
Los que sí tienen acceso en sus lugares de empleo figuran en un reducido grupo de funcionarios públicos y profesionales, como académicos, doctores, o ingenieros.
Otra opción para los cubanos es conectarse al internet en los cibercafés –controlados por el gobierno-, pero éstos hasta ahora han sido un verdadero lujo para la mayoría de los cubanos, en un país donde el salario mensual promedio es de apenas $20.
Además del alto precio de los servicios de internet, la desconexión también se debe al escaso acceso a las computadoras. En un país de 11 millones de personas, en 2011 sólo había 783,000 computadoras, según el grupo conservador Freedom House.
Pero la compañía de telecomunicaciones estatal ETECSA anunció recientemente que abrirá 35 espacios de acceso “WiFi” en todo el país, y reducirá por la mitad el precio de conexión a internet de $4 a $2 por hora.
Debido a las limitaciones de infraestructura, sin embargo, cada sitio nuevo solo tendrá espacio para entre 50 y 100 usuarios, con velocidades de descarga de apenas un megabit por segundo (mbps).

Elogian medida

Geoff Thale, director de programas de la Oficina de Washington para América Latina (WOLA), señaló que el ampliar los servicios de internet y telecomunicaciones en Cuba ayudará a sus ciudadanos a aumentar su acceso a la información y a más oportunidades económicas.
“El acceso al internet se ha convertido en un pilar de la economía global en el siglo 21, y este proyecto de ley aporta nuevas posibilidades tanto para el comercio como para el acercamiento entre ambos pueblos”, enfatizó Thale.
Pese a la oposición de algunos conservadores a la normalización de las relaciones, “un creciente número de políticos en ambos partidos se están alineando con el pueblo estadounidense” a favor del restablecimiento de esas relaciones, dijo, por su parte, Marc Hanson, otro analista de WOLA que recientemente encabezó una delegación a Cuba.
Según WOLA, el creciente apoyo popular a la normalización de las relaciones diplomaticas entre EEUU y Cuba quedó plasmada en una reciente declaración conjunta de más de 28 grupos cívicos, religiosos, empresariales y de derechos humanos, que pidieron al Congreso no bloquear fondos para la nueva embajada norteamericana en la isla.