Revelan 32 fallas de investigación en caso Ayotzinapa

México.- Al presentar este jueves el documento “Estado de la Investigación del Caso Iguala”, el ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, llamó a romper la alianza entre el crimen y el poder, entre la delincuencia y la autoridad, pues advirtió que sin esa ruptura nunca se alcanzarán ni la paz ni la justicia en México.

“No tenemos que esperar para ello a que suceda otro caso de igual o mayor gravedad. El momento de actuar es ahora y con ello se daría sentido y significado al dolor, al sufrimiento y a la indignación que este caso ha generado”, subrayó.

 González Pérez dijo que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) considera de “extrema gravedad” los hechos ocurridos hace exactamente 300 días en Iguala, Guerrero, pues afirmó que por su deshumanizada naturaleza; por la forma como se ha hecho evidente el rompimiento del Estado de Derecho; por la violencia contra los valores fundamentales de las víctimas, y por el respeto a la vida, la libertad, la seguridad, la integridad y la dignidad humana. “no es momento ni de callar ni de olvidar”.

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 Destacó que el caso Iguala ha probado el grado de barbarie al que se ha llegado, el abandono de la ley y el olvido de la justicia, por lo que frente a estos hechos, así como también ante los demás crímenes y acontecimientos violentos registrados en ése y otros lugares de nuestro país, se une a otras situaciones graves que le han precedido y a otras que se han presentado con posterioridad. El compromiso y obligación de la CNDH es intensificar su trabajo y esfuerzo, tomando como premisa el “que estos horrores no se repitan jamás”.

En conferencia de prensa, en la que estuvo acompañado por José Larrieta, titular de la Oficina Especial para la Investigación del Caso Iguala, el Presidente de la CNDH afirmó que “en esos hechos se visibiliza el desprecio por la vida, la inhumanidad, la connivencia entre autoridades y delincuentes, el triángulo perverso entre encubrimiento, complicidad e impunidad, miserias que han sido mezcladas para sepultar el respeto y la convivencia justa y civilizada”.

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“Tragedia acentuada más allá de Iguala –enfatizó–  por los hallazgos de cadáveres sepultados en decenas de fosas clandestinas, sin nombre, sin identidad, sin tiempo, sin nada”.

Luis Raúl González Pérez enfatizó que México no es el mismo después de Iguala, pues los hechos ocurridos entre la tarde del 26 y la noche del 27 de septiembre de 2014, en los municipios de Iguala y Cocula, Guerrero, forman por su naturaleza el más grave conjunto de violaciones a los Derechos Humanos –además de un cúmulo de crímenes de todo orden–, de cuantos haya memoria reciente en este país.

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En este contexto, como consecuencia de la revisión de la información y constancias con que cuenta la CNDH,  relativas a la actuación de las autoridades, con posterioridad a los deleznables hechos, se advierten, entre otras cosas:

 ·         La necesidad de implementar medidas para lograr un mayor acompañamiento y apoyo a la víctimas y a sus familiares, ya que por muy diversas razones, a la fecha no han recibido toda la atención, asistencia y apoyos a los que tienen derecho conforme al marco normativo vigente en México sobre la materia.

 ·         La falta de realización de diligencias ministeriales, tanto federales como locales, que se estima serían de utilidad para lograr una investigación exhaustiva e integral de los hechos; la no ejecución de órdenes de aprehensión.

 ·         La falta de medidas que contribuirían a generar un entorno con mayores condiciones de seguridad en el Municipio de Iguala.

 El Ombudsman expuso que la CNDH presentó el documento de manera previa a sus consideraciones definitivas, ya que la gravedad de los hechos, su complejidad y su hondura obligan a mirarlo, con nuestro enfoque de Derechos Humanos, lo cual no deja de lado la exigencia para que se apliquen las sanciones correspondientes a quienes cometieron los delitos, motivo de la investigación ministerial.

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Posteriormente, José Larrieta dio lectura al amplio documento, de 63 cuartillas, en el cual se presenta el estado de la investigación del Caso Iguala, y se plantean 32 observaciones y propuestas a autoridades de los tres niveles de gobierno.

El cumplimiento de éstas, precisó González Pérez, busca dar certeza para contribuir a alcanzar la verdad jurídica sobre los hechos de Iguala, requisito indispensable para materializar el derecho de las víctimas a la verdad y a la justicia, cuestiones que, a su vez, son necesarias en la aspiración de la no repetición de los hechos.

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