Walter Mondale: El “Acta para una Vivienda Justa” tiene tareas pendientes
La creciente segregación en barrios de EEUU amenaza legado de la ley
Washington.- La creciente segregación en ciudades como Ferguson, Baltimore y otras urbes con alto porcentaje de minorías pone en peligro los avances del “Acta para una Vivienda Justa” (FHA, en inglés) de 1968, afirmó este martes su autor, el exvicepresidente Walter Mondale.
Durante una conferencia en Washington, Mondale (1977-1981) celebró los logros de la ley que él co-patrocinó en 1968 para acabar con la segregación racial en los barrios y la discriminación en el sector de vivienda, pero también destacó la urgencia de proteger los avances de la FHA.
“Al igual que en 1968, vivimos en unos tiempos de esperanza e incertidumbre… en Ferguson, Baltimore, y otras ciudades, la continua segregación mina la igualdad de oportunidades y causa conflictos raciales. Estamos ante el momento más importante para una vivienda justa desde 1968, y debemos aprovecharlo al máximo”, aconsejó Mondale, acompañado por el senador demócrata por Virginia, Tim Kaine, y el secretario de Vivienda, Julián Castro.
Gracias al FHA, casi el 45% de los residentes en suburbios de las áreas metropolitanas más extensas de EEUU vive en barrios con diversidad racial, y éstos han servido de modelo contra las desigualdades en la educación y el empleo.
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Tarea incompleta del FHA
Pero esos mismos barrios siguen afrontando problemas de discriminación y una continua re-segregación, por lo que el FHA “tiene una tarea inconclusa”, advirtió Mondale.
Esa tarea pendiente, explicó, se manifiesta en la discriminación de familias negras de altos ingresos a las que se les niegan préstamos con bajos intereses o viviendas en barrios blancos; en comunidades que, pese a recibir inversiones federales, excluyen a minorías y viviendas a bajo costo, o desalentando la integración al construir, principalmente, viviendas subsidiadas para negros e hispanos en barrios pobres.
El mes pasado, la Administración Obama anunció medidas para reforzar el cumplimiento del FHA, que fueron aplaudidas por defensores de los derechos civiles.
Los reglamentos exigen que las ciudades y poblados de todo EEUU establezcan metas para combatir la segregación en los barrios; vigilen los problemas de discriminación en la vivienda, y tomen medidas para corregirlos, y entreguen informes al gobierno cada tres a cinco años.
Defender los logros
En entrevista con este diario, el subsecretario para asuntos de Vivienda Justa e Igualdad de Oportunidades, Gustavo Velásquez, afirmó que una de las prioridades de la agencia es “defender los logros del FHA”.
“Estamos en un momento coyuntural porque, pese a los logros en la integración racial en las vecindades, aún tenemos barrios en los que se vive la segregación, alta concentración de minorías y de pobreza, mucha desesperanza, y todo esto golpea en particular a familias con niños”, observó.
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“Hay montón de investigaciones que demuestran que si los niños crecen en barrios con más oportunidades y menos pobreza, tendrán mejores resultados en la vida”, enfatizó Velásquez.
Es que la vivienda es el “ancla” que determina también la selección de colegios para los hijos, el acceso a empleos de calidad y los medios de transporte disponibles para llegar a ellos, precisó.
Los bolsones de segregación en EEUU reflejan tanto factores económicos como la brecha racial en otras áreas, y las políticas para mejorar la disponibilidad y condición de viviendas a precios asequible serán un “importante tema de debate en la contienda presidencial”, vaticinó el funcionario.
Por ello, Velásquez condenó los esfuerzos de algunos miembros del Congreso de eliminar buena parte de los fondos para el programa “HOME” que garantiza viviendas a bajo costo para familias de escasos recursos.
Una propuesta republicana eliminaría un total de $233 millones de los fondos para “HOME”, un programa que ayuda a estados, ciudades y municipalidades en la construcción de viviendas para familias de escasos recursos. HUD había solicitado un presupuesto de mil millones de dólares, pero el Congreso solo quiere autorizar $767 millones.
